El posible aval del Constitucional al impuesto a las grandes fortunas facilitará al Gobierno ampliarlo

El Pleno del Constitucional se reunirá el próximo martes para comenzar a estudiar formalmente el recurso que había presenado la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, contra este tributo por considerar que su puesta en marcha vulneraba las competencias autonómicas fiscales, así como los derechos fundamentales de los contribuyentes por entender que se quebraba el principio de seguridad jurídica. Lo hará en base a la ponencia elaborada por la magistrada progresista María Luisa Balaguer.

Además de Madrid, han impugnado este nuevo impuesto los gobiernos de Andalucía, Galicia y Murcia. Tanto el Ejecutivo madrileño como la Junta pidieron que se suspendiera cautelarmente la aplicación del tributo, pero el Constitucional lo denegó.

Sin embargo, el borrador con el que trabajan los ponentes del Constitucional mantendría la idea de que el Estado tiene potestad tributaria para aplicar este gravamen en todo el territorio de régimen común, y que no choca con las competencias regionales. Además, considerarían que su abono no vulnera los derechos de los contribuyentes ni es discrimintario.

En el caso de País Vasco y Navarra, el Gobierno les cedió la regulación, gestión y recaudación de la tasa. Las diputaciones forales vascas lo acaban de suavizar para los contribuyentes con mayor patrimonio.

El denominado Impuesto a la Solidaridad grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los tres millones de euros. Esta figura estaba llamada a suplir el laberinto autonómico del de Patrimonio cada vez más bonificado en las comunidades. Era un reclamo del Ejecutivo a la solidaridad de los ricos con el conjunto de la población. Y una armonización indirecta para evitar 'dumping' entre los territorios.

En principio, estaba pensado para ser aplicado en los ejercicios de 2023 y 2024, con el patrimonio de 2022 y 2023, respectivamente. Esa es la idea del Gobierno cuando el presidente, Pedro Sánchez, anunció su implantación durante el verano del año pasado. Un fallo en contra del Constitucional habría paralizado su cobro el próximo año.

Pero si finalmente hay vía libre constitucional, el Ejecutivo incluso podría plantearse sin ataduras jurídicas una implantación menos temporal y más estructural. Es decir, hacerlo fijo durante más tiempo del estimado. Así lo insinuó incluso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado mes de septiembre cuando indicó que el impuesto había cumplido el «objetivo político» de garantizar la «proporcionalidad» en el pago de impuestos. Y no descartaba hacerlo permanente si se constataba que esta es la mejor vía para garantizar que todos los contribuyentes pagan lo que les toca en todo el país y la carga fiscal no recae sobre todo en las clases medias.

En el Plan Presupuestario que España enviaba a la Comisión Europea este mismo domingo, el Ejecutivo apuntaba que no habría cambios en las políticas tributarias actuales, aunque se encuentra en funciones. De hecho, estima un incremento de ingresos tributarios para el próximo año de unos 6.500 millones de euros. De ellos, la mayor parte (unos 5.000 millones) se explicarían por el fin de las medidas de apoyo por la inflación y la guerra en Ucrania (fin al IVA mínimo de la luz y de los alimentos, impuesto eléctrico, etc.) o a la subida de las cotizaciones sociales, por valor de 1.000 millones.

Liquidado el primer pago del impuesto de grandes fortunas, la recaudación ha sido, hasta el momento, inferior a la estimada por Hacienda. La Agencia Tributaria ha ingresado 623 millones de euros por esta figura fiscal, una cuantía correspondiente a la liquidación de 2023.

Sin embargo, esa cifra dista de las previsiones anunciadas en su momento por el Ministerio de Hacienda cuando se aprobó el tributo. En ese momento, el departamento dirigido por María Jesús Montero, hablaba de 1.500 millones de euros que obtendría el fisco a través de este gravamen. Con la primera liquidación realizada, la cuantía recaudada ha sido un 60% inferior. Ese importe corresponde a la liquidación realizada por 12.000 ciudadanos, lo que representa un 0,1% de los contribuyentes de toda España. De media, han pagado 52.000 euros por su patrimonio.

Hacienda considera que no existe tal brecha entre la estimación y la realidad al ser «consecuentes» con las previsiones del Gobierno. Explica que se apuntó a un «potencial recaudatorio» del impuesto de grandes fortunas que alcanzaba los 1.500 millones, «bajo el supuesto de que todas las comunidades autónomas aplicaran una bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio». Aunque, en realidad, no todas las regiones cuentan con ese beneficio fiscal a pesar de los últimos cambios introducidos en algunos territorios como la Comunidad Valenciana o Extremadura.

La configuración del impuesto a las grandes fortunas ha dejado entrever algunas grietas que los contribuyentes afectados podrían aprovechar para esquivar el impacto del tributo. Este gravamen está pensado para que los ciudadanos de las comunidades en las que prácticamente no se pagaba este impuesto por estar muy bonificado, tuvieran que asumirlo a través del tributo estatal extraordinario. Es decir, o lo abonaban a través del Impuesto de Patrimonio -el histórico- o con el nuevo de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

Los más afectados serían los de Galicia, Madrid o Andalucía, las autonomías para las que precisamente estaba pensada esta tasa, dado que son las que en su momento bonifican de una forma más generosa a sus altos patrimonios. Y precisamente han sido los contribuyentes de esos territorios los más beneficiados por los problemas derivados de la normativa aprobada y que ha permitido un importante ahorro para sus bolsillos y la consiguiente merma en la recaudación fiscal.

La clave del error estaba en el denominado escudo fiscal, por el que el pago de impuestos (calculado sumando la cuota de IRPF, Patrimonio y Solidaridad) no puede superar en ningún caso el 60% de la base imponible del IRPF. «En caso de superarse este porcentaje, la cuota del impuesto de solidaridad se reduce hasta un 80%», recordaron desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su momento.

Pero la redacción del modelo de liquidación definitivo publicado en junio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) implicaba que las grandes fortunas podrán computar en el cálculo lo que les tocaría pagar por el Impuesto de Patrimonio sin bonificación, y no solo la cantidad que tendrían que abonar realmente si, por ejemplo, se encuentran en Madrid o Andalucía, donde se bonifica al 100% —es decir, no tendrían que pagar nada— o en Galicia, donde lo hace al 50%. Así, les ha resultado mucho más fácil alcanzar el 60% que permite acceder a la deducción.