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El Gobierno portugués plantea grandes ventajas fiscales para los jóvenes menores de 35 años residentes en el país y luchar así contra la fuga de talentos. El proyecto de Presupuestos del Estado para 2025 incluye exención fiscal en el impuesto sobre la renta en el ... primer año de trabajo para los menores de 35 años si el sueldo es inferior a 28.000 euros. En los cuatro años siguientes tributarían solo por el 25% de sus ingresos; del sexto al noveno año pagarían impuestos solo por la mitad del salario y en el décimo año quedaría exenta una cuarta parte del salario. Siempre con el límite de 28.000 euros.
Portugal ya concedía ventajas fiscales a los jóvenes entre 18 y 26 años durante sus primeros cinco años de trabajo. La reforma que el Gobierno de Luís Montenegro lleva ahora al Parlamento -y cuya aprobación no está garantizada- amplía en años y en exenciones esas ventajas. El Ejecutivo calcula que supondría una merma de la recaudación de alrededor de 650 millones de euros.
La reforma es discutida. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que las bonificaciones fiscales por edad plantean cuestiones de equidad y que su eficacia para parar la emigración es incierta. Portugal quiere frenar la salida de sus jóvenes universitarios a otros países donde les ofrecen mejores sueldos. Más de dos millones de portugueses viven fuera y la tasa de emigración juvenil es elevada. Las bonificaciones fiscales están planteadas también para jóvenes de otros países que vayan a trabajar a Portugal, con el fin de atraer talento.
El proyecto de Presupuestos incluye también la rebaja del tipo nominal en el Impuesto sobre Sociedades del 21% al 20%.
Por su parte, en España, ayer, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalaron en el pleno del Congreso que España está cuatro puntos de PIB por debajo de la Unión Europea en presión fiscal. Montero añadió que «Europa exige al Gobierno una reforma fiscal que le permita ponerse al menos simétrico en relación con esta cuestión». Lo que exige Bruselas es una reforma fiscal que permita la reducción del déficit y la deuda pública para el desembolso de los siguientes fondos europeos. Hasta ahora, desde Hacienda apuntaban que la reforma ya estaba hecha con las medidas aprobadas. Pero la revisión al alza del PIB ha incrementado esa brecha fiscal (que se mide por la relación entre recaudación tributaria y PIB) de tres a cuatro puntos. Esa brecha da un margen absoluto de 60.000 millones de euros de aumento de la presión fiscal. No significa que se vaya a aplicar una subida impositiva de ese calibre, pero, a menos de una semana de la fecha para que el Gobierno envíe a Bruselas su Plan Fiscal Estructural, es un aviso en toda regla de por dónde puede ir el Ejecutivo.
Entre las medidas que va a enviar Hacienda al Congreso se encuentra la conversión en permanentes de los impuestos extraordinarios a la banca y las empresas energéticas. Este jueves, tras las declaraciones de la ministra de Hacienda, la cotización de las empresas del sector sufrió un castigo ante el probable aumento impositivo.
El presidente del Gobierno aseguró que en el Plan Fiscal Estructural para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la UE se incorporarán «compromisos de responsabilidad de gasto, pero también nuevas inversiones para el futuro cercano» y que «no va a haber recortes». .
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