La OCDE pide ayudas directas a los vulnerables frente a las rebajas fiscales generalizadas

En un informe publicado este miércoles, la institución hace un repaso de las medidas llevadas a cabo por los distintos Gobiernos durante estos meses, focalizándose en aquellas relacionadas con la fiscalidad. Y la conclusión es clara: las rebajas de impuestos generalizadas acaban favoreciendo más a las familias de mayor poder adquisitivo que a las vulnerables. Por eso, abogan por limitar al máximo medidas como las rebajas del IVA aplicadas o la aplicación de tipos reducidos o 'cero' del impuesto, apostando por otro tipo de medidas «que estén directamente dirigidas a aumentar los ingresos reales de los hogares más pobres y de mejorar los servicios públicos para esas familias».

La institución reconoce, no obstante, que la aplicación de esos cheques directos es «a menudo difícil, si no imposible» en la práctica, «en particular cuando el sistema de prestaciones y transferencias sociales puede no ser lo suficientemente eficaz para garantizar que los hogares más pobres reciban una compensación adecuada por el impacto de un aumento del IVA en el coste de su cesta de consumo».

Respecto a las medidas de apoyo aplicadas en concreto para limitar el impacto de la subida de los precios de la energía, la OCDE certifica que han sido comunes en la mayoría de los países. Considera que son, además, las más «visibles, rápidas y fáciles de implementar». Pero alerta de que tienen una serie de desventajas a medio y largo plazo. «De hecho, tienen un fuerte impacto negativo en los ingresos, tienden a no ser focalizadas y sus beneficios pueden acumularse desproporcionadamente en los grandes consumidores de energía, que a menudo son los que tienen mayores ingresos», advierten.

Del mismo modo, considera que las ayudas aplicadas por algunos países también limitan los incentivos para el ahorro energético, así como el abandono de los combustibles fósiles, «además de desalentar nuevas inversiones en infraestructuras» necesarias para la transición energética.

La OCDE se suma así a otros organismos nacionales e internacionales que llevan meses advirtiendo del impacto de mantener algunas de las medidas de protección frente a la crisis de forma generalizada. En el caso español, una de las más debatidas es la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, que es previsible que, de cara a 2023, se modifique para limitarla a ciertos profesionales (transportistas) y familias vulnerables.

El Ejecutivo también debe decidir si mantiene la rebaja generalizada del IVA eléctrico, que ha bajado del 21% al 5%, además de otras medidas como la reducción al 0,5% del tipo del Impuesto sobre la Electricidad y la suspensión del impuesto al 7% a la generación, con una incidencia económica que supera los 10.000 millones según los cálculos del Gobierno.

De hacerlo, se estarían incumpliendo las recomendaciones de la OCDE, que su informe también critica la aplicación del IVA reducido o cero en otro tipo de bienes y servicios de primera necesidad. Consideran que esta medida, que los gobiernos aplican por lo general con la excusa de conseguir una mayor equidad, acaba por tener un efecto contrario al deseado, al beneficiar en mayor medida a los hogares con mayores rentas.

La explicación es sencilla. La OCDE indica que, por ejemplo, el IVA reducido sobre productos como algunos suministros o alimentos básicos -que copan buena parte del presupuesto de los hogares con menor renta- «resulta una herramienta distributiva ineficiente», pues los hogares más acomodados tienden a beneficiarse más de la misma en términos absolutos, pues tienden a consumir más.

La institución opina lo mismo sobre los tipos preferenciales que se han introducido para estimular el empleo en algunos sectores como turismo y hostelería, o las rebajas fiscales para incentivar la cultura.

En este sentido, la institución insiste en la necesidad de «brindar un apoyo específico» a través de otras fórmulas, como el impuesto sobre la Renta o a través de transferencias y beneficios, «que tienden a ser medidas más efectivas en términos de equidad».

En todo caso, España es el undécimo país de los 38 que componen la OCDE en el que los impuestos al consumo menos peso tienen respecto al total recaudado. En concreto, supusieron el 24,5% del total de impuestos recaudados en 2020, último año con datos disponibles. El dato supone una caída de 2,2 puntos porcentuales respecto a 2019. Este abultado cambio se debe en parte al impacto de la pandemia del Covid-19.

Si se tiene en cuenta solamente el IVA, en España supuso en 2020 el 17,1% del total de ingresos tributarios, frente a un 20,2% de media en la OCDE.

La OCDE también hizo público este miércoles su informe anual sobre presión fiscal, que vuelve a dejar a España como líder entre las grandes economías en este concepto que mide la relación entre los impuestos y contribuciones a la Seguridad Social con el tamaño de la economía.

En concreto, el pasado año la presión fiscal en España se incrementó en 1,7 puntos porcentuales hasta el 38,4%, frente al aumento de medio punto porcentual para el conjunto de las economías más desarrolladas que de media presentan un peso de los impuestos sobre el PIB del 34,1%.

Según los datos recopilados en el informe, el incremento de la presión fiscal en España durante 2021 fue el sexto mayor entre los 36 países de los que había datos disponibles, por detrás del aumento de 3,4 puntos porcentuales registrado en Noruega; de los 2,8 puntos en Chile; los 2,6 puntos porcentuales en Israel; 2,2 puntos enteros en Corea del Sur y 2 puntos porcentuales en Lituania.

Desde el año 2000 la presión fiscal en España ha aumentado en 5,4 puntos porcentuales, pasando del 33% al 38,4% en 2021, por encima del incremento de 1,2 puntos porcentuales observado en promedio entre las economías de la OCDE, donde la relación impuestos/PIB era del 32,9% en el año 2000, frente al 34,1% de 2021.

Por otro lado, tomando como referencia el ejercicio 2020, la OCDE estima que el mayor peso en los ingresos fiscales de España correspondió a las contribuciones a la Seguridad Social, con un 37,4%, frente a la media del 26,6% de la OCDE, mientras que los impuestos sobre la renta de las personas físicas supusieron el 23,7%, frente al 24,1% de media en la organización.

En el caso del impuesto de sociedades, el peso de este tributo en la recaudación fiscal de España fue del 5,3%, frente al 9% de media de la OCDE, mientras que la contribución de los impuestos sobre la propiedad en España representó el 6,7% de los ingresos, frente al 5,7% de la media en la OCDE.

De su lado, la aportación del IVA se situó en el 17,1% en España, por debajo del 20,2% de la organización internacional y el peso de los demás impuestos sobre el consumo fue del 9,6%, frente al 11,9% de la media de la OCDE.