La OCDE y el G-20 esperan un «acuerdo político» sobre la 'tasa Google' antes de finales de año

Los pasados martes y miércoles se reunieron 289 delegados de 99 países miembros y jurisdicciones, junto a una decena de organizaciones observadoras, centrados en dos «pilares» principales. De un lado, «explorar posibles soluciones» para determinar dónde se debe pagar ese nuevo tributo y sobre qué base (lo que se denomina «nexus»), así como qué parte de sus beneficios «podrían o deberían gravarse en las jurisdicciones donde se encuentran los clientes o usuarios», lo que se conoce como «asignación de ganancias».

El segundo «pilar» del plan ahora aprobado es analizar «el diseño de un sistema para garantizar que las multinacionales, en la economía digital y más allá –esta precisión es importante, pues se abre la puerta a que las nuevas medidas fiscales que se implementarían afecten a negocios no tecnológicos– paguen un nivel mínimo de impuestos». Con ello, coinciden la OCDE y G-20 en un comunicado emitido este viernes, se proporcionaría a los países una nueva herramienta para «proteger su base impositiva del cambio de ganancias a las jurisdicciones de bajo o no impuesto», es decir, no solo a los llamados paraísos fiscales estrictamente conocidos como tales, de modo que países europeos como Irlanda y Luxemburgo entrarían de lleno en esas zonas de alto riesgo a vigilar.

Los últimos cálculos oficiales del club de las economías más avanzadas del mundo datan de 2015 –aún está en elaboración un informe con cifras más recientes– y entonces se estimaban unas pérdidas de ingresos por esa problemática de elusión fiscal de hasta 240.000 millones de dólares (casi 215.000 millones de euros al cambio actual). Esa suma equivaldría al 10% de los ingresos de impuestos corporativos globales, lo que ha hecho saltar todas las alarmas considerando, además, «el riesgo continuo de cambio de ganancias» a esos territorios de tributación escasa o directamente inexistente.

Sin embargo, la respuesta a ese problema se ha demorado bastante por falta de coordinación. Fue en marzo de 2017 cuando los ministros de Finanzas del G-20 aprobaron la puesta en marcha del referido «marco inclusivo», que entregó su primer informe «provisional» en marzo de 2018 aunque solo se establecían ideas generales y un «compromiso de continuar trabajando» hacia un dictamen final que estuviera listo el ejercicio próximo, esto es, a largo plazo.

Pero «conscientes de la importancia del tema», en la penúltima reunión celebrada en enero de este año se decidió «intensificar aún más los trabajos». El resultado llega ahora, con vistas a que en el próximo encuentro ministerial del G-20 –previsto para los días 8 y 9 de junio en Fukuoka (Japón)– sea aprobada la nueva hoja de ruta, que a su vez sería refrendada por los líderes internacionales en la cumbre de los días 28 y 29 en la ciudad nipona de Osaka.

«La salud de nuestras economías depende de ello», advirtió ayer el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, quien pese a resaltar que se han logrado «importantes avances» a través de la adopción del renovado programa BEPS (por sus siglas en inglés), admitió que «todavía hay mucho trabajo por hacer» con vistas a que a finales de 2020 se pueda dar una «solución unificada a largo plazo para los desafíos tributarios planteados», centrados en la digitalización de la economía -pues sus características, afirman desde la organización, «exacerban» los riesgos erosión de las bases tributarias- aunque irían más allá. Pero ahora, apostilló, el trabajo «debe ser seguido por un fuerte apoyo político» internacional.

En este sentido, y aunque los propios países de la OCDE y el G-20 han organizado diferentes grupos de trabajo para «abordar los problemas técnicos», reconocen que el consenso político para esa «solución integral» debería alcanzarse «idealmente antes de fin de año». Todo en aras a «garantizar un tiempo adecuado para completar el trabajo durante 2020».

La UE renunció en marzo a establecer una 'tasa Google' coordinada en su territorio ante el veto de Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia, si bien podrían reconsiderarlo cuando haya una solución a nivel global en la OCDE. Francia -con su tributo Gafa, llamado así por las iniciales de Google, Alphabet, Facebook y Amazon- y España sí seguirán adelante con su nuevo impuesto; la segunda, de hecho, lo aplicaría desde 2020 –un año más tarde de lo previsto por la falta de nuevos Presupuestos del Estado para 2019 y el adelanto electoral- con unos ingresos anuales estimados en 1.200 millones de euros.