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La lucha contra la corrupción cuenta con una nueva herramienta. Se trata de una base de datos con 25.000 personas de responsabilidad pública desarrollada por el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado y cuyo objetivo es “controlar de modo eficaz ... los negocios que desarrollan todos aquellos que ejercen un cargo público”. De hecho, el archivo funciona desde el pasado noviembre y está siendo utilizado para investigar y cotejar información por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la Fiscalía o Hacienda.
En concreto, el archivo identifica con nombre, apellidos y DNI a 14.641 personas con responsabilidad pública ya sea por elección (por ejemplo diputados) o por designación (vocales del Consejo General del Poder Judicial). Es decir, personalidades que ocupan altos puestos en la administración del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. También se incluyen directivos de sociedades estatales, autonómicas y municipales.
La expansión del 'bitcoin' y otro tipo de criptomonedas no pasa desapercibido para el Consejo General del Notariado, que lo considera un "riesgo" ante la utilización como herramienta para el blanqueo. "Su uso en una sociedad o en una transferencia es un elemento de riesgo. Si algo domina la criptomoneda es el anonimato", ha señalado Pedro Galindo, responsable del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado. Por ese motivo, han advertido a sus colegiados a poner el foco en las criptomonedas, cuyo uso reconocen que ha experimentado un "repunte" en los últimos tiempos.
Además, hay otras 10.544 personas con la consideración de allegados de las personas de responsabilidad pública que también son sometidos a este control. Aquí se incluye por un lado a familiares (padres, hijos, cónyuges y cuñados) siempre y cuando tengan una relación comercial con la persona pública. Pero también los sujetos que mantengan una relación comercial con ellos.
En este sentido, hay identificados 8.319 personas con relaciones empresariales estrechas con una persona con responsabilidad pública. A ello se suman otras 2.225 personas por ser titulares reales de una sociedad en la que también participa una persona con responsabilidad pública.
El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, ha puesto en valor esta base de datos que será puesta a disposición de medio centenar de entidades (bancos, aseguradoras...) que tienen obligación legal de informar de los productos que contraten este tipo de personas.
“Podemos decir a las autoridades judiciales o policiales autorizadas si un responsable público se relaciona con otro o con qué personas físicas y jurídicas mantiene relaciones habituales, a efectos de detección de testaferros, por ejemplo”, ha señalado Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales.
La información de este archivo procede del índice único informatizado, una base de datos más amplia con 115 millones de documentos públicos notariales. Asimismo, esta fuente de información permitió crear en 2012 la base de datos de titular real que busca concretar quién es la persona que realmente está detrás de una sociedad. Un archivo que ha permitido identificar los titulares reales de 2,3 millones de personas jurídicas.
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