La negociación política podrá alterar el pacto fiscal que ultima el Gobierno

El objetivo del Gobierno es sacar adelante las cuentas para 2021, por lo que las negociará antes de llevarlas al Congreso de los Diputados, para «garantizar que las enmiendas a la totalidad no prosperan y que el proyecto se tramita», ha asegurado Montero.

Por eso, aunque ya se ha sobrepasado la fecha establecida en la Constitución para presentar el proyecto y el Gobierno tiene que mandar a Bruselas sus líneas generales antes del 15 de octubre, la ministra señala que se presentará «a lo largo de octubre» para dar «tiempo necesario» hasta tener los consensos «oportunos».

Montero ha incidido en que el paquete fiscal que debate con el secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente económico de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, está casi ultimado, pero ha dejado claro que también habrá que pactarlo con otras formaciones políticas y que podría modificarse.

«Haremos ajustes para este Presupuesto respecto a algunas figuras, pero hay que pactarlas con otras formaciones políticas que quieran apoyar el proyecto», ha puntualizado.

En este sentido, se mantiene prudente a la hora de confirmar si habrá cambios en las deducciones del IVA ligadas a la sanidad y a la educación privada, en los planes de pensiones privados o en el umbral de grandes rentas a las que se subirá el IRPF.

«Por ahora hay documentos de trabajo, algunos de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), otros del FMI y otros del propio Gobierno. Pero no hay una propuesta fiscal en firme que podamos comunicar«, ha insistido, al tiempo que ha señalado que sobre la mesa hay propuestas de otros ministerios, como la de gravar las bebidas calóricas o la de establecer impuestos que disuadan de acciones agresivas contra el medio ambiente.

Montero ha insistido en que la gran reforma fiscal habrá que acompasarla al momento económico, porque una cosa «es el compromiso para aplicarlo en la legislatura y otra cosa es aplicarlo en plena pandemia, donde en este momento hay que lanzar certidumbre al sector empresarial y al sector de la inversión». «La especulación no ayuda ni contribuye y lo importante es que la propuesta sea ajustada y progresiva», ha reiterado.

Por otro lado, en la misma entrevista, Montero ha anunciado que propondrá a los partidos la creación de un fondo que compense a los ayuntamientos sin remanentes o que se encuentren en crisis por la caída de ingresos y ha avanzado que los entes locales tendrán unas entregas a cuenta para 2020 actualizadas al crecimiento del 1,6% del PIB, igual que se hizo con las comunidades autónomas.

«Tendrán que contar con un fondo que les permita compensar esa caída de ingresos, que permita incorporar las ayudas al transporte y que permita actualizar las entregas a cuenta de los ayuntamientos, como hicimos con las comunidades autónomas», ha explicado Montero.

La ministra de Hacienda confía en que pueda cerrar con los grupos políticos una propuesta «en los próximos días».

Con este fondo se pretendería también paliar la caída de algunos de los tributos vinculados a la actividad económica que ahora los ayuntamientos están sufriendo.

La ministra ha señalado que hay que trabajar sobre la parte del decreto ley que fue rechazado en septiembre por el Congreso y que incluía un fondo de 5.000 millones de euros para distribuir entre los ayuntamientos, que ahora habrá que «modular» toda vez que las corporaciones locales podrán utilizar sin límite sus remanentes este año y el que viene, al cancelarse las reglas fiscales.

Montero ha explicado que ya no tiene sentido que de los 5.000 millones, el 60% se reparta por población y el 40% para los ayuntamientos con superávit, ya que «ahora es evidente que los remanentes están liberados».

Hacienda permitirá una mayor capacidad de endeudamiento para todas las administraciones, al establecer una referencia de déficit público para 2020 mayor del 10,34% del PIB que comunicó en abril a Bruselas, aunque inmediatamente después puntualiza que la «tasa» que establecerá para 2021 contemplará una «bajada intensa».

Con la suspensión de las reglas fiscales, la nueva referencia del déficit «es una tasa, una previsión, no es un objetivo exigible y no activaría la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria cuando una comunidad se desvía», ha explicado tras recordar que con esta referencia las administraciones podrán confeccionar sus Presupuestos.

La ministra insiste en que el límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2021 será «inédito», ya que incorporará la primera anualidad de los fondos europeos de recuperación por una cuantía que podría rondar los 20.000 millones de euros, y que tiene que estar acompasada a la capacidad de ejecutar los proyectos.