Montero inicia en febrero las negociaciones para asumir parte de la deuda de las autonomías

Lo que se ha quedado en el aire es la incorporación de un fondo de nivelación transitorio para las comunidades autónomas más infrafinanciadas, como son la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha. La ministra de Hacienda negó que este fondo estuviera en el acuerdo de gobierno con Sumar y aprovechó para recordar que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se planteó la infrafinanciación sin lograr acuerdo con el Partido Popular. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 no está planteado -por ahora- este fondo de nivelación, que Fedea calcula debería distribuir al menos 3.000 millones de euros anuales entre las cuatro comunidades peor financiadas. Precisamente cuando en un encuentro informal en Fitur entre el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con los presidentes populares de Valencia, Andalucía y Murcia coincidieron en reclamar más financiación para sus autonomías. La responsable de Hacienda censuró a Page, cuyas críticas a su partido han levantado ampollas en el PSOE. «No comparto que la estrategia de notoriedad pase por hacer críticas al PSOE o al Ejecutivo», dijo Montero.

En todo caso, la ministra insistió en que ya está negociando los Presupuestos del Estado para este año. El camino se inició con la aprobación en el Congreso del techo de gasto y diera el visto bueno a los objetivos de déficit y deuda. Pero en el Senado -donde tiene mayoría el PP- podrían ser rechazados. De ocurrir esto, se volverán a presentar por segunda vez al Parlamento. Y si volvieran a ser tumbados, se aplicarían los objetivos fijados en el Programa de Estabilidad aprobado en abril de 2023, que son menos flexibles que los propuestos ahora ya que exigen un menor déficit a las comunidades autónomas. Por ello, María Jesús Montero pidió «coherencia» al PP para que voten a favor de unos objetivos de estabilidad que ofrecen «mayor margen de actuación» a Comunidades Autónomas y Entidades Locales. La vicepresidenta recordó que la ley que regula el modelo de financiación autonómica es una ley orgánica, lo que supone que para cambiarla se precisa el apoyo de los dos grandes partidos.

Montero reiteró que los gravámenes temporales a los ingresos extraordinarios de la banca y las eléctricas se convertirán en impuestos permanentes -modulados con la introducción de beneficios fiscales por la inversión estratégica de las empresas, que ya se decidirá, según Montero, si es en almacenamiento, electrificación, etc.-. Esta deducción por inversión se incluirá ya en el gravamen temporal (las grandes empresas habían amenazado con llevarse las inversiones a otro país) a la espera de que se pueda aprobar el impuesto en el Parlamento, que Montero calcula que podría estar antes de que acabe el año.

El portavoz de Sumar, el socio de gobierno del PSOE, Carlos Martín Urriza, reclamó que se introduzca un nuevo Impuesto de Solidaridad a las grandes herencias, a semejanza del Impuesto a las Grandes Fortunas aprobado.

El portavoz de Junts, Josep María Cervera, recriminó al Gobierno central por los «tributos que no retornan» a Cataluña, que cuantificó en unos 10.000 millones anuales, y que el Estado ejecuta una mínima parte de lo presupuestado para Cataluña. Cervera volvió a recordarle a la número dos del Gobierno y del PSOE que «la estabilidad de la legislatura» dependerá del cumplimiento de los acuerdos y que eso se verá «día a día» y «acuerdo a acuerdo». «Si nos engañan, no funcionará», cerró Cervera.

En su réplica, Montero intentó tender puentes y aseguró que el PSOE «cumple sus compromisos»: «Sabemos perfectamente en qué términos se planteó el acuerdo con Junts», admitió la ministra tras señalar que en los Presupuestos de los últimos años se ha cumplido con lo establecido en el Estatuto de Cataluña respecto al peso de las inversiones a realizar en Cataluña.

La vicepresidenta primera también tuvo buenas palabras para el PNV, otro de los apoyos indispensables para poder sacar los proyectos en el Congreso. «El PNV es un interlocutor prioritario de este Gobierno. Ustedes han contribuido de forma muy clara a la gobernabilidad del país y lo han hecho sin sesgos ideológicos», expuso Montero, que sugirió que habrá compensaciones para el País Vasco, respetando su condición foral, cuando se condone la deuda a las comunidades de régimen común.