Mayor carga impositiva por una mejor financiación, la posible transacción

Hay otras formas de medir si una autonomía está mejor o peor financiada. Según un índice que elaboró Fedea en 2019, si el promedio de las comunidades, a competencias homogéneas, recibió 100 por habitante en 2017, un cántabro habría recibido 117,5, mientras que un valenciano y un murciano contarían con poco más de 92 y un andaluz, con 95. El conflicto que subyace es que mientras unas regiones buscan vincular la financiación a la población, las que tienen menos habitantes y más dispersos quieren ligarla al coste real de los servicios, que creen que en sus circunstancias es más oneroso.

Tal y como están ahora las cosas, el modelo de financiación prima a estas segundas comunidades, sobre todo a las norteñas y menos extensas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que existe «unanimidad» respecto a que la actual financiación autonómica es «compleja», «poco transparente» y que lleva a diferencias «injustificadas» entre las comunidades. Y, por ello, considera necesario consensuar un nuevo sistema que ratifique la igualdad de todos los españoles, que son los que aportan los recursos, no los territorios.

Para ello, Juan Antonio Santos, vocal de la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Cataluña, comenta que tienen que contemplarse todos los criterios demográficos, tanto el puro poblacional como cuestiones como el grado de concentración o diseminación de la población.

El Gobierno no puede imponer el sistema de financiación. Lo tiene que aprobar el Parlamento. Más allá de los cálculos políticos para sacar adelante el nuevo modelo autonómico, Chirivella afirma que es necesario un acuerdo mínimo entre el PP y el PSOE, al que debería unirse Ciudadanos, que participa del Gobierno de Andalucía, Madrid o Castilla y León.

Ya hay un grupo de trabajo en el Consejo de Política Fiscal (el órgano que dirime estas cuestiones entre el Estado y las autonomías) para abordar la reforma del sistema de financiación, con el apoyo de comisiones que evalúan el coste efectivo sanitario, en educación y dependencia, servicios que prestan las comunidades.