La guerra de impuestos amplía la brecha fiscal entre Madrid y Cataluña

En este escenario, Madrid se presenta como la comunidad fiscalmente más competitiva, ampliando en tres décimas, hasta los 2,86 puntos, su brecha con Cataluña, que ocupa la última posición del índice autonómico elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation.

Hay que tener en cuenta que el indicador no contempla aún las reformas anunciadas por varias comunidades en las últimas semanas. Es decir, la brecha podría ser aún mayor en la siguiente edición del indicador, que se calcula basándose en la evolución de tributos como Sucesiones y Donaciones, Patrimonio o el tramo autonómico del IRPF, junto a los impuestos propios de cada región.

Madrid repite en el primer puesto tras eliminar los impuestos propios y reducir en 0,5 puntos el impuesto sobre la renta, mientras que la peor situación en Cataluña aumentó los tramos del impuesto sobre la renta.

Según recuerdan los autores del informe, a pesar de haber haber bajado el tipo mínimo del impuesto sobre la renta en 1,5 puntos hasta el 10,5%, «al haber aumentado el número de tramos y al haber sido declarado inconstitucional el mínimo personal» está detrás de la pérdida de competitividad fiscal de Cataluña que, además, cuenta con el triple de impuestos autonómicos que las demás comunidades.

Casi al mismo nivel que Cataluña se sitúa la comunidad Valenciana también se sitúa en la parte baja de la tabla, sobre todo ante uno de los sistemas «más gravosos» en Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En la parte alta de la tabla, y solo por detrás de Madrid, se sitúan Vizcaya, Álava y Guipúzcoa mantienen la segunda, tercera y cuarta posición, respectivamente. «En el año 2022 las diputaciones han deflactado la tarifa del Impuesto sobre la Renta y los mínimos personales y familiares. Además, debido a los altos niveles de inflación han anunciado una nueva deflactación del 4% de la tarifa que debería haber entrado en vigor el 1 de septiembre», señala el documento.

Los expertos consideran, de hecho, que Guipúzcoa podría mejorar su posición si elevara el escudo fiscal y las deducciones en el Impuesto sobre el Patrimonio al nivel de Vizcaya reduciendo, a la vez, la tarifa del impuesto.

Además, apuntan a que las tres diputaciones podrían aumentar la bonificación del rendimiento neto del trabajo y equipararla a la de las comunidades de régimen común, «de modo que los contribuyentes con ingresos brutos de 15.500 euros no paguen más que en las demás comunidades».

Como novedad este año, el informe también compara las comunidades españolas con otros países europeos, para demostrar que las regiones nacionales cuetnan con tipos impositivos más elevados que la media tanto en renta, como en patrimonio y sucesiones.

En el impuesto sobre la Renta todas las comunidades autónomas y las tres diputaciones vascas tienen tipos impositivos marginales máximos por encima de la media de los países analizados (42,94%). Es más, diez comunidades autónomas, Comunidad Valenciana (54%), Navarra, La Rioja, Canarias, Asturias, Cantabria, Cataluña, Aragón, Baleares y Extremadura, más las tres diputaciones vascas tienen un tipo impositivo máximo más alto que Alemania (47,5%).

Madrid es la única comunidad que ha mantenido un tipo impositivo máximo del 45%, en sintonía con los demás países europeos como Alemania, Reino Unido, Luxemburgo, Suiza, Noruega, los países del este de Europa o los bálticos.

«España es, con diferencia, también el país con el mayor gravamen sobre el Patrimonio, un impuesto casi desaparecido y que únicamente se mantiene en Suiza, a nivel cantonal, y en Noruega», insisten los expertos.

Las comunidades autónomas ocupan las primeras posiciones al aplicar un tipo impositivo máximo que va del 3,75% en Extremadura, al 1,88% en Galicia. Le siguen Noruega con el 1,1%, Suiza con el 0,702% y Madrid con el 0%, por la bonificación que acertadamente aplica la comunidad autónoma desde hace años.

Desde la Fundación consideran que, para que las comunidades autónomas sean competitivas tanto a nivel regional como internacional, «es necesario no solo reducir del tipo máximo sino abolir o bonificar al 100% el impuesto sobre el patrimonio, siguiendo el ejemplo de Alemania, Suecia, Finlandia, Italia o la vecina Francia».

En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones el tipo máximo del gravamen una vez aplicados los coeficientes multiplicadores por parentesco y patrimonio preexistente alcanza el 87,6%, el gravamen más elevado de toda Europa.

Es más, quince de los países europeos que aún mantienen el impuesto tienen tipos impositivos máximos más reducidos que los de cualquier comunidad autónoma española. Los expertos consideran que, dada su reducida capacidad de recaudación (0,58% de la recaudación fiscal total) y el impacto negativo que el impuesto tiene sobre la actividad empresarial, el ahorro y el empleo, «los policymakers deberían considerar su completa derogación como hizo Suecia hace casi dos décadas«.