Golpe de Hacienda contra la «ocultación de ventas» en el sector de los muebles

A semejanza de lo que hizo a finales de octubre en el sector de los mercados mayoristas de frutas y hortalizas -75 entradas en locales de mercados centrales de 13 autonomías-, la Agencia Tributaria practicó desde primera hora de la mañana registros en 112 establecimientos, entre tiendas de muebles, oficinas y plantas industriales, buscando información de 119 sociedades y 38 personas físicas, socios y administradores de las empresas investigadas por irregularidades millonarias cuya cuantía no se ha fijado.

Se ha elegido el momento de apertura de los centros porque, según «la experiencia de operaciones anteriores» -apunta la Agencia-, permite «una lucha más efectiva contra la economía sumergida». No hubo detenciones porque eran operaciones de carácter administrativo, pero las actuaciones inspectoras han evidenciado «la realización de ventas no declaradas» por su parte.

Las pesquisas llevadas a cabo en los últimos meses, que han desencadenado la llamada operación 'Iroko', ya habían «puesto de manifiesto ciertas distorsiones» en la evolución de las ventas y de las existencias de los establecimientos registrados este jueves, señalan desde Hacienda. Antes, el departamento de Inspección de la Agencia ya había hecho un análisis «global» del sector, con cruces de información y estudios de las operaciones tanto de los fabricantes como de los comerciantes, al por mayor y minoristas. En ese estudio, además de las declaraciones de impuestos, se revisaron movimientos de efectivo (sobre todo desde cuentas bancarias), pagos con tarjetas y «otros indicios observados de capacidad económica».

Esa información la compararon con otros informes del sector del mueble, que tras un lustro de crecimiento consecutivo facturó más de 4.300 millones de euros en 2017, según los últimos datos de la Agencia. Y fue entonces cuando los investigadores observaron que «ciertas sociedades manipulaban la contabilidad relativa a sus existencias», a fin de declarar «un nivel discreto de beneficios y disimular, de esta forma, la propia ocultación de ventas».

Además, «existían indicios» de que estaban usando un 'software' de ocultación, que «permitiría manipular» ambas partidas. Aparte de regularizar el fraude descubierto, la Agencia quiere mandar un «mensaje disuasorio» a esos empresarios.