El Gobierno impulsará las inspecciones fiscales con otros países a las multinacionales

La inspiración de este «decidido refuerzo» de la cooperación internacional surge de los debates sobre fiscalidad en el G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde el Ejecutivo se alineará «por norma y salvo causa justificada con las propuestas más ambiciosas». En España lo ha impulsado la Alianza por la Responsabilidad Fiscal, compuesta por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, la ONG Oxfam Intermón, la escuela de negocios Esade y la consultora Sustentia.

En un acto que celebraron el 25 de abril el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, anunciaba que ya se lo estaban «planteando seriamente». Y apenas una semana después el Gobierno lo ha esgrimido ante la Comisión Europea (CE) entre sus medidas más destacadas en el «reforzamiento del control de grupos multinacionales y grandes empresas». Hacienda ha colaborado antes con sus homólogas de otros países, aunque ahora se busca normalizarlo y potenciarlo. En su plan habla de «controles simultáneos con otras jurisdicciones», sin perder cada Estado sus propias competencias.

Con ello espera «evitar controversias futuras entre países» –la propia UE ha evidenciado la dificultad de coordinar decisiones, pese a que la armonización fiscal sigue siendo una de las pretensiones de sus principales socios– y, a la vez, potenciar los procedimientos «amistosos» (MAP por sus siglas en inglés) para resolver conflictos ya planteados entre distintas Administraciones nacionales. Gascón reconoció en aquel acto –donde se presentó una nueva herramienta para verificar el compromiso de las empresas con una fiscalidad «justa»– que Latinoamérica podría ser una región con la que se aumente más la colaboración.

El responsable de la Agencia avanzó a principios de año que los ingresos por la lucha contra el fraude se habían recuperado durante 2018 hasta superar los 15.000 millones de euros, acercándose así a los 15.500 millones de 2015, su cifra más alta desde antes de la crisis. En su paquete de nuevos impuestos el Ministerio de Hacienda desglosaba el impacto recaudatorio de tres de sus nuevas medidas contra la evasión fiscal, que finalmente se han retrasado a 2020 tras el rechazo al proyecto presupuestario para este año.

A través de la «adopción de las mejores prácticas internacionales» se espera ingresar 500 millones –otros 218 con la limitación de pagos en efectivo a 1.000 euros y 110 millones reduciendo a 600.000 euros la deuda mínima para aparecer en la lista de morosos–, y entre aquellas había nuevas herramientas de análisis de riesgos «a partir de la correcta imputación de la titularidad de activos financieros». También se buscará información «indiciaria» sobre «signos externos de riqueza y actividad para detectar bienes y derechos ocultos o rentas no declaradas».

Y es que la necesidad de una «permanente adaptación a un entorno cambiante» hace que Hacienda priorice, asimismo, las actuaciones preventivas y en la fase recaudatoria. Entre las primeras, «se potenciarán los avisos» a los contribuyentes sobre todas sus fuentes de renta de las que sepa el fisco, a fin de «favorecer el cumplimiento voluntario» de sus obligaciones. También para «inducir un mejor comportamiento futuro», hará «un especial seguimiento de los motivos de regularización como esencial fuente de información para la planificación de nuevas actuaciones de control», llegando a «constatar» que los contribuyentes que incurrieron en irregularidades «cambian» realmente de actitud.

En las segundas, es decir, de cara al cobro «efectivo» de las deudas, se mejorará la evaluación del riesgo, tanto para identificar a terceros responsables de ellas como para adoptar medidas cautelares «cuando existan indicios racionales de que el deudor o terceros vayan a obstaculizar o impedir la acción de cobro». Y cuando exista apariencia de insolvencia de éstos, tratará de demostrar que es «punible» si el sujeto participa en la creación de sucesivas sociedades que luego vuelven a defraudar.

La mano de Hacienda, según ha prometido el Ejecutivo, también será severa con las entidades públicas, «agilizando el cobro de sus deudas pendientes». Además, coordinará los embargos con otras administraciones mediante «puntos neutros de cooperación» que se pondrán en marcha este año. Eso sí, del conflicto con Bruselas por la declaración de bienes en el extranjero ni una palabra, pese a que la Comisión viene advirtiendo desde 2015 de que choca con la normativa europea y podría acabar en los tribunales.