Los expertos de Fedea critican el impuesto a bancos y eléctricas por su «arbitrariedad»

El director de Fedea, Ángel de la Fuente, asegura en el informe que la propuesta de PSOE y Unidas Podemos no cuenta con razones «mínimamente consistentes» ya que el único argumento que se aporta es que los bancos y las energéticas del Ibex tienen «muchos beneficios» (20.000 millones y 9.000 millones en 2021, respectivamente, según los datos del Gobierno) y que es probable que estos tiendan a aumentar en el futuro.

Pero, según sus cálculos, si estos altos beneficios se ponen en relación con el capital invertido «ni los bancos ni las energéticas están entre los sectores más rentables en 2021». Sino que la industria, el comercio y la hostelería tienen rentabilidades «claramente superiores», y la del sector de la información (TIC) duplica la del bancario y energético.

En este sentido, consideró que este nuevo impuesto temporal (para 2022 y 2023) establece con «arbitrariedad» estas nuevas imposiciones «a dedo» y sienta dos precedentes «muy preocupantes», que permitirían a cualquier mayoría de gobierno «asignar a dedo a sectores específicos cargas o exacciones de cuantía muy significativa».

La polémica la ha reavivado el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, que en una tribuna publicada el domingo en El País cargo contra este impuesto al considerar que «va en contra de la actividad empresarial». El CEO vaticina que «dañará» la capacidad de inversión de las empresas repercutiendo en la competitividad del país y su modernización. A su juicio, este gravamen «no es para los ricos» y anima al Gobierno a que «sea valiente» y suba el IRPF a los que más tienen.

Asimismo, cuestiona también la propuesta que prohíbe la repercusión directa o indirecta del gravamen a los clientes de las empresas afectadas y encomienda a la CNMC, con la colaboración del Banco de España en el caso de la banca, vigilar que se cumpla tal prohibición. A su juicio, las empresas tienen que intentar recuperar sus costes para seguir operando, sujetas solo a las restricciones que imponga la libre competencia en el mercado.