Los expertos de Montero proponen gravar más la riqueza y el diésel

En concreto, el grupo de expertos estima que las propuestas para una nueva fiscalidad verde permitirían recaudar entre 5.941 y 15.023 millones de euros más. Una propuesta que, como casi todas las que se incluyen en el documento, nace herida de muerte para su aplicación en el corto plazo ante el brusco giro que la guerra en Ucrania ha sembrado sobre el proceso de recuperación económica.

Ante la espiral inflacionista y el impacto en Europa de la crisis, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado «una subida fiscal inmediata». Y el propio presidente del comité de expertos, Jesús Ruiz-Herrera, reconoce que «en la situación actual será difícil introducir cambios». Durante la presentación del Libro Blanco ante los medios, alertó de que «el panorama ha cambiado radicalmente desde la invasión de Ucrania».

Por eso, insisten en que el Gobierno debería aplicar la reforma de forma muy gradual, con un «plan de programación» racional. Pero cuidado. El Ejecutivo también debe cumplir con los compromisos del Plan de Recuperación adquiridos con Bruselas. Yla fiscalidad verde estaba entre las medidas que se tendrían que aplicar primero.

Según detalla Xavier Labandeira, miembro del grupo que ha elaborado el texto, el transporte asumiría buena parte de la nueva carga tributaria. En concreto, estiman eliminar la bonificación al diésel para igualar su fiscalidad a la de la gasolina, junto a otras medidas que afectarían a estos carburantes, podría incrementar la recaudación en 6.850 millones de euros. Es decir, casi la mitad que todo lo que se espera ingresar con el conjunto de los impuestos medioambientales.

En este apartado también se incluirían otras figuras sobre el acceso al gas, sobre los fertilizantes nitrogenados y sobre los billetes de avión. Un tributo, este último, que acabaría afectando a los pasajeros y con el que se esperan recaudar unos 951 millones. El plan también incluye un impuesto al queroseno (que actualmente no cuenta con fiscalidad)en los sectores de aviación, marítimos y agrarios.

En todo caso, Labanderia defiende que «vinculamos estas propuestas a bajadas en la fiscalidad de la electricidad», con la supresión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y el impuesto especial sobre la electricidad. Eliminar ambas figuras supondría una merma de unos 2.716 millones en total para las arcas públicas. Pero también un alivio en la factura eléctrica de los consumidores.

Los expertos indican que estos impuestos no deberían contar con bonificaciones. Algo que sí ven con buenos ojos para otra de las propuestas más polémicas del texto que, en todo caso, recomiendan aplicar de forma muy gradual y solo cuando sea viable:el pago por kilómetro en las carreteras mediante peajes, con el que espera una recaudación de hasta 1.397 millones de euros.

La armonización fiscal ha sido uno de los puntos más polémicos que ha abordado el comité de expertos en los casi diez meses en los que se ha debatido sobre las propuestas para la futura reforma. Tal y como expresó ayer Jesús Ruiz-Herrera, presidente del comité, «en los últimos años se ha producido una competencia a la baja con la que estamos vaciando impuestos de gran importancia», en referencia a figuras como Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.

Por ello, y tal y como adelantó este diario, su propuesta pasa por que el Gobierno fije umbrales mínimos para todas las comunidades, lo que permitiría poner fin a las bonificaciones del 100% que, por ejemplo, actualmente aplican regiones como Madrid, a la que otras regiones acusan de 'dumping' fiscal.

El Libro Blanco también recomienda elevar los tipos exentos de tributación con el objetivo de beneficiar a las rentas medias. Medidas que deberían pactarse en consenso con las autonomías de régimen común, que, en todo caso, verían su capacidad normativa limitada para eliminar impuestos estatales.

En lo que sí hay absoluto consenso es en la necesidad de gravar más la riqueza para financiar el gasto de los últimos años de crisis. «El problema es que en España la desigualdad de la riqueza es más amplia que la de la renta», advierten los expertos. Por eso, la propuesta en Patrimonio pasa por mantener el denominado escudo de rentas (que grava un máximo del 60% sobre IRPF y Patrimonio) con la opción de elevar el porcentaje al 70%, subiendo también el mínimo exento hasta el millón de euros.

En Sucesiones y Donaciones, se pide ampliar la base imponible manteniendo la reducción por adquisición de empresa individual. Aunque siempre con el compromiso de una evaluación periódica que controle la efectividad de este beneficio fiscal. En la misma línea que en Patrimonio, también se aboga por un mínimo exento elevado y una escala de gravamen moderada para la empresa familiar.

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