España comienza a levantar el colchón del dinero negro tras dos crisis consecutivas

Precisamente en la aplicación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que acogieron a más de 3,5 millones de trabajadores en el peor momento del coronavirus, y en la necesidad de acogerse a las ayudas sociales derivadas de la guerra en Ucrania y la inflación desbocada, se ve respaldado el Ministerio de Economía para apuntalar este florecimiento. Porque empresarios y trabajadores saben que, si no tienen los papeles en regla, no podrán acceder a este tipo de protección pública si vienen mal dadas:derechos vinculados a enfermedades, paros forzosos e incluso la jubilación. Absolutamente todo se ve afectado ante la Administración si media el dinero negro.

El Ejecutivo ya lo apuntaba en el Plan Presupuestario 2023 remitido a la Comisión Europea a finales del año pasado: «Los mayores niveles de empleo ligados al afloramiento podrían generar mayores ingresos por cotizaciones sociales de aproximadamente 0,2 puntos de PIB». Es decir, que una parte del crecimiento se debe a un mayor protagonismo de la economía bajo los focos.

La histórica discrepancia entre el número de afiliados a la Seguridad Social y los ocupados que así lo admiten en la Encuesta de Población Activa (EPA) se ha ido reduciendo en los últimos años. Es decir, que coinciden las cifras de los registros de afiliados con las de quienes declaran esa misma situación personal ante una muestra del INE.

El catedrático de la Universidad de Vigo e investigador senior de Funcas, Santiago Lago, apunta en esa misma dirección. «Los afiliados a la Seguridad Social han crecido más intensamente de lo que cabría aguardar y una de las explicaciones sería el afloramiento de empleos antes no declarados». El Gobierno los cifra en 200.000. Aunque organismos como Fedea la elevan hasta los 300.000. Y en el caso de Funcas, viene destacando «el contraste entre ocupados EPAy afiliados», indica Lago. Solo en 2022 las altas han superado en más de 130.000 los ocupados de EPA.

Por otra parte, la decisión del Gobierno de combatir el uso fraudulento de la figura del trabajador por cuenta propia que en realidad realiza una labor por cuenta ajena, los denominados 'falsos autónomos', también ha aflorado multitud de contratos irregulares. Las estimaciones de la Administración Central cifró en aquel momento en unos 40.000 los empleos fraudulentos que saldrían a la luz con la aplicación de esta medida, datos prudentes teniendo en cuenta que la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) elevó esta cantidad hasta los 210.000. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reveló hace unas semanas que en estos tres años desde que entró la ley en vigor se han regularizado más de 80.000 falsos autónomos.

Más allá de todos estos movimientos en el mercado laboral, el otro talón de Aquiles de la economía sumergida en España está relacionado con el IVA(Impuesto de Valor Añadido). Es decir, si todas las transacciones o actividades que grava este tributo (compras, trabajos en casa, etc.) se encuentran regladas. La brecha entre los datos del consumo privado que se realiza y las bases imponibles del IVA se encuentra en estos momentos en su menor nivel desde hace casi tres décadas. Hay que remontarse a 1995, año en el que se aprobó la Ley de Lucha contra el Fraude.

A partir de 2000 existe un inicio de clara discrepancia entre consumo real e IVA declarado que duraría hasta 2008, año en el que estalla la burbuja inmobiliaria. En ese año, la brecha entre lo real y lo teórico se encontraba en el 47%. En la última década ese porcentaje se ha ido reduciendo. Pero no fue hasta 2020 y 2021 cuando realmente las discrepancias entre consumo e impuestos comienzan a aproximarse hasta el 30% actual, según los datos extraídos de la Agencia Tributaria.

Otra cuestión que ha cambiado los hábitos está relacionada con los pagos y la digitalización. «Estamos ante un cambio estructural», considera Santiago Lago. El pago con tarjeta sigue incrementando su cuota frente al efectivo (en 2022 había 88,5 millones de tarjetas activas, según el Banco de España), lo que deriva en un mayor registro de actividades declaradas que aquellas que quedan al margen de la ley.

La cuestión fundamental de España es que existe un problema histórico para cuantificar qué parte de la actividad no se encuentra declarada. Es difícil recuperar datos sobre economía sumergida por la propia naturaleza de los mismos. De hecho, la Agencia Tributaria no elabora informes que cuantifiquen esta coyuntura en negro ni el fraude fiscal debido a que «no existe una metodología comúnmente aceptada en el ámbito internacional», apuntan desde la AEAT. Pese a todo, no estamos en el peor momento. Históricamente, una quinta parte de la economía no se declaraba en España, esto es, un 20%. En los últimos años, ese porcentaje habría caído al entorno del 15%.

Los últimos datos de la Agencia Tributaria revelan que las arcas públicas ingresaron en 2021 más de 14.900 millones de euros por la lucha contra el fraude fiscal, el 17% más que en 2020. Destaca haber logrado sacar a la luz 5.578 millones de euros mediante inspecciones sobre la tributación de las grandes empresas españolas en el extranjero. Supone un crecimiento de más del 80% en las cantidades regularizadas respecto a lo que se logró en 2020.

Sin embargo, desde la organización Gestha su secretario general, José María Mollinedo, considera que más allá de la cifra de un año «lo importante es la tendencia» de la economía sumergida. Y la necesidad –insiste– de que la AEAT«se proponga romper con la tasa de esa economía sumergida», dotando con más plantilla y ajustando las funciones de sus trabajadores para que sean más efectivos.