España cargará durante años con el abultado déficit asumido por el coronavirus

Las previsiones del FMI suponen un jarro de agua fría para las cuentas nacionales en el sentido de que no conseguirán mejorar de forma sostenible una vez pasada la crisis, y ni siquiera cuando la recuperación sea un hecho. Este análisis espera que el déficit cierre este año en el 9,4% del Producto Interior Bruto (PIB), después de que liquidara 2020 en el 11,4%. Sin embargo, esta cifra varía con respecto a la última actualización del Ministerio de Hacienda, en la que comunicó un déficit del 10,9,% el año pasado.

Para el próximo 2022, ese déficit se situaría en el 5,8%, para pasar posteriormente al 4,9% en 2023. Desde ese momento se situaría en el 4,3% durante 2024, 2025 y 2026. Es decir, España no conseguiría cuadrar sus cuentas públicas al menos en el límite que establece el Pacto de Estabilidad del euro (en un déficit máximo del 3%) ni siquiera a partir de 2023, el año llamado a convertirse en el momento en que la economía recupere todo el terreno perdido desde marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia con el primer estado de alarma y el confinamiento generalizado.

Por ahora, la Comisión Europea no tiene la intención de cambiar su política de manos abiertas: hay manga ancha para que los Estados miembro gasten todo el dinero necesario para hacer frente a la crisis, independientemente del déficit en el que incurran. De hecho, España ha más que triplicado su descuadre de cuentas públicas en el último año. El problema futuro es que en algún momento Bruselas determinará el adiós a esta permisividad con los países. Ese momento previsiblemente llegará a finales de 2022 o principios de 2023. Y para entonces podrían llegar las primeras exigencias de ajustes una vez superara la crisis.

Unos ajustes que en el caso de España tendría que afrontar con unas cuentas mucho menos saneadas que las de otros países, como anticipa el FMI en su informe. Por ejemplo, el conjunto de la zona euro cerrará este año con un desfase del 6,7% y bajará al 1,6% en 2026. Incluso en casos como el de Estados Unidos o Reino Unido, con un déficit mucho más abultado que el de España en estos momentos, lo reducirán de forma considerable: el de la primera economía mundial bajará del 15% al 4,7% en cinco años; y el del antiguo miembro de la UE se reducirá del 12% a poco más del 3% en ese mismo periodo.

Ante esta situación, el organismo recomienda ir preparando planes de consolidación fiscal que permitan rebajar deuda y déficit en el medio plazo, y aconseja a los países «preaprobar» reformas tributarias de calado que, aunque tarden aún años en ponerse en marcha, marquen una hoja de ruta para el reequilibrio de las cuentas. Y a corto plazo, apuesta por elevar los impuestos a las rentas más altas y los grandes patrimonios.

Tampoco pintan bien las perspectivas de la deuda pública española. Este año cerrará en el récord del 118,4% sobre el PIB. Esto es, previsiblemente más de 1,3 billones de euros comprometidos con bancos e inversores nacionales e internacionales. En los dos próximos años, España conseguirá rebajar esa cifra mínimamente, un punto porcentual, hasta el 117%. Pero después no mejorará. Seguirá moviéndose entre el 117% y el 118% hasta 2026.

Será un lastre con el que la economía tendrá que lidiar también a medio plazo después de que ni siquiera en la anterior recuperación de la crisis financiera de hace una década España consiguiera recortar su nivel de deuda. Lo hizo sensiblemente hasta el 95,5% del PIB a finales de 2019, aunque con los gastos asumidos durante el coronavirus (sobre todo por los avales del ICO), se ha disparado más aún después de que la UE haya obligado a Hacienda a incluir en este cómputo la carga que supone la deuda de la Sareb (el banco malo).

Toda esta realidad deriva de las políticas llevadas a cabo por España y otros países para hacer frente a los estragos económicos del coronavirus. En este sentido, el FMI señala que el gasto público extraordinario realizado por España se ha situado entre el 5% y el 10% del PIB, por debajo de otras economías como Francia, Italia, Alemania o Estados Unidos. En el caso de las garantías estatales para conceder préstamos -fundamentalmente a las empresas- este ratio sí que se ha aproximado al 15% de la riqueza nacional.