Las energéticas quieren suavizar más el impacto del impuesto en el Senado

Con al aval de la Cámara baja, ahora le toca el turno al trámite en el Senado, donde fuentes del sector energético señalan que se podrían incluir algunas de esas enmiendas que ellos consideran clave para que la recaudación del tributo sea inferior. Esas fuentes indican a este diario que hay dos medidas relevantes: que la parte de los ingresos que perciben de las actividades reguladas (los peajes y los cargos, esto es, los conceptos fijos del recibo que pagan los consumidores en sus facturas)sea excluida del propio impuesto. Y que, a la vez, se establezca una desgravación en el gravamen para fomentar las inversiones en energías renovables y eficientes de cara a fomentar la descarbonización.

Si se incluyeran ambas enmiendas en lo que queda de trámite parlamentario, el importe final recaudado sería inferior al estimado por ahora en unos 4.000 millones de euros en dos ejercicios fiscales en el caso de las energéticas.

El grupo parlamentario vasco (PNV)insistió este jueves en el Pleno del Congreso en incluir estas medidas, al considerar que se ajustan más a los requerimientos de la Comisión Europea. Y, sobre todo, para evitar una excesiva judicialización del gravamen, que puede llegar por parte de las compañías afectadas si definitivamente sale adelante como este jueves fue validado el texto en el Congreso.

En la tramitación del impuesto en la Cámara baja, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ido dejándose pelos en la gatera en forma de concesiones. En el caso del tributo a la banca, se ha modificado la deducción a las grandes plataformas digitales (Netflix, HBO o Amazon), una de las novedades que incluye el texto, a que se aplique por capítulo y no por temporada, minimizando el impacto tributario.

En el caso energético, el Ejecutivo ya aflojó la presión fiscal sobre esas. La Comisión de Economía aprobó dos enmiendas del PNV y PDeCAT por las que tanto el negocio regulado como los ingresos generados fuera de España se librarán del impuesto al sector con el que el Ejecutivo aspiraba a recaudar 7.000 millones de euros entre la banca y las energéticas.

El acuerdo alcanzado entre los grupos y los socios de coalición implicaba que el gravamen no se aplicará sobre ningún tipo de suministro a precio regulado. El texto menciona en concreto la tarifa de último recurso (TUR) del gas y del gas licuado (GLP), el PVPC de electricidad, así como «los ingresos regulados de redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural». En el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en territorio no peninsular «todos los ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico» también quedan exentos.

Las enmiendas suponían un cierto respiro para el sector, ya que forman parte de sus propias demandas planteadas hace varias semanas. De hecho, las energéticas habían sido especialmente críticas con el impuesto desde su anuncio, sobre todo porque el tributo se decidió aplicar sobre los ingresos, en vez de seguir la vía europea que lo ciñe a los beneficios extraordinarios. Tras asumir que finalmente impactaría en la cifra de negocio, el sector llevaba semanas reclamando dejar a un lado el negocio regulado, como ha ocurrido.

Endesa, por ejemplo, había cifrado en unos 400 millones de euros el impacto de esta carga, que ahora se verá notablemente reducida al generar prácticamente todo su negocio en España. Iberdrola también decidió reservarse esa cantidad para hacer frente al gravamen a la espera de su redacción final.