La economía sumergida pagaría el gasto público en Sanidad de España

Por ello se puede afirmar que la economía sumergida es uno de los mayores lastres para el crecimiento del país. La merma de casi el 23% en la recaudación de impuestos, según los datos del estudio de Funcas, significa que el trabajo en negro resta casi 70.000 millones a las arcas públicas al año, sobre todo en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias. Por el contrario, donde menos fraude fiscal existe es en Madrid, País Vasco y Navarra. Los autores del informe admiten que sus estimaciones pueden estar contaminadas por la estructura productiva, la tasa de paro o la presión fiscal de cada territorio y recuerdan que las autonomías con mayor presión fiscal son más propensas a tener más economía en negro.

El problema histórico de este tipo de estudios es que es difícil recuperar datos sobre economía sumergida por la propia naturaleza de los mismos. De hecho, la Agencia Tributaria no elabora informes que cuantifiquen esta economía en negro ni el fraude fiscal debido a que «no existe una metodología comúnmente aceptada en el ámbito internacional», dicen desde la AEAT. En el caso del estudio de Funcas, se recopilan datos de una decena de informes sobre economía sumergida en España en comparación con otros países, y estima un rango de entre el 18,5% y el 24,5% en la merma del PIB. Por ello, Ciudadanos ha sido el primer grupo político en reclamar recientemente a la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el primer informe sobre la economía sumergida en España ya que, critican, todos los datos y estimaciones disponibles «proceden de instituciones o entidades públicas y privadas, pero nunca del propio Gobierno».

Pese a todo, no estamos en el peor momento. Cuando más aumentó el fraude fue en los años 80 y la primera mitad de los 90, en paralelo a la normalización en la presión fiscal de España en el concierto internacional. A partir de entonces, la práctica totalidad de estudios sitúan la economía sumergida española por encima de la media de los países de la OCDE y de la UE. Asimismo, señalan que el nivel de presión fiscal de largo plazo de España está relativamente alejado del de los socios comunitarios, y muy alejado de los países del norte de Europa, como Dinamarca, constatando un «cierto desajuste» entre el nivel de presión fiscal con las demandas de gasto público de los ciudadanos.

Y según datos de los Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF) basándose en cifras del CIS de 2016, casi siete de cada diez españoles cree que en nuestro país hay mucho fraude fiscal, aunque no está entre sus principales preocupaciones. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) quiso tomar cartas en el asunto a nivel español. Su directora gerente, Christine Lagarde, destacó el año pasado en la inauguración del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional en Valencia que este país debe «intensificar» la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal. En su opinión, la evasión fiscal provoca «mayor deuda pública y menos inversión en Educación, Sanidad y otros servicios públicos».

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, las arcas públicas ingresaron en 2017 casi 14.800 millones de euros por la lucha contra el fraude fiscal, el 0,6% menos que hace un año -91 millones de diferencia- confirmando el segundo año consecutivo de descenso de la recaudación. El director de la AEAT, Santiago Menéndez, restó importancia a esta bajada y afirmó que los resultados son «muy positivos» porque suponen una mejora de 500 millones de euros respecto al trienio 2014-2016. En 2015 se produjo un pico de recaudación de 15.664 millones, seguido por 14.883 en 2016.