El Gobierno abre la puerta a que las comunidades puedan volver a financiarse en los mercados

Este es un buen momento para ello ya que la deuda fija en España ha caído considerablemente en el primer trimestre del año debido a que las empresas y bancos que habitualmente acuden a los mercados tienen menos necesidad de hacerlo. Dado que su situación financiera actual es «más favorable que cuando los mecanismos extraordinarios de financiación fueron creados en el año 2012», el Ministerio considera que se hace necesario planificar esta salida a través de una «estrategia clara y transparente» que conozcan los mercados.

Así, las comunidades que se encuentren en una situación financiera más saneada puedan volver a financiarse por sí mismas en el mercado. Pero en la estrategia de salida se considerarán unos criterios exigentes: estar adheridas al compartimento Facilidad Financiera, el grado de cumplimiento del objetivo de déficit, deuda pública y regla de gasto; y el periodo medio de pago a proveedores y la calificación crediticia.

La situación de las comunidades españolas es muy diferente. Andalucía está muy bien situada, Cataluña no lo tiene tan fácil por el déficit y el País Vasco, por su parte, ya ha vuelto después de mucho tiempo con una emisión de bonos verdes de 500 millones de euros.

En cuanto a los plazos, hay dos modalidades. Por un lado, las que deseen salir a los mercados inmediatamente este año deberán presentar un Plan Plurianual de Endeudamiento (PPE) antes del 31 de julio, que cubra el período comprendido entre el tercer trimestre de 2018 y diciembre de 2021, y que deberá elevarse a los ministerios de Hacienda y de Economía y Empresa.

Por otro, las que quieran acudir a los mercados a partir de 2019, presentarán antes del 30 de noviembre el PPE a Hacienda que cubra un periodo de tres años naturales sucesivos. Desde el Ministerio recuerdan que ese PPE deberá ser coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto aprobados y adecuarse a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

Además, la CDGAE ha aprobado dotar con 762 millones de euros a las comunidades para financiar las desviaciones respecto al objetivo de déficit en el que hayan incurrido en el año anterior y estén pendientes de financiación. La finalidad del acuerdo es que las desviaciones de las CC AA no perjudiquen al plazo de pago a proveedores. De esa cantidad total, 170,25 millones corresponden al compartimento Facilidad Financiera, mientras que 691,75 son del compartimento Fondo de Liquidez Autonómico. Un desembolso «fundamental» -en palabras del Ministerio- para cumplir el plazo máximo de pago a proveedores que establece la actual normativa en materia de morosidad.