La batalla de Bruselas contra los beneficios fiscales de Apple se reabre

El Abogado General de la Unión Europea se pone del lado de la Comisión y pide que se anule y revise de nuevo desde el principio la sentencia del Tribunal General de la UE (TJUE) que eximía a Apple de devolver 13.000 millones de euros más intereses en Irlanda por haberse beneficiado de lo que Bruselas consideraba que eran ayudas fiscales ilegales. Así lo señala el abogado Giovanni Pitrucella en su informe previo publicado este jueves, después de que Bruselas recurriera el fallo del tribunal comunitario.

Este culebrón comenzó en agosto de 2016, cuando, tras dos años de investigación, Bruselas concluyó que Irlanda había concedido ventajas fiscales indebidas a dos sociedades del grupo Apple, con más de 6.000 trabajadores en el país. En concreto, se hacía referencia a un desembolso de un tipo efectivo del impuesto sobre sociedades del 1% sobre los beneficios generados en toda Europa en 2003, que fue reduciéndose progresivamente hasta el 0,005% en 2014. El impuesto de sociedades irlandés ya es de por sí uno de los más bajos de la UE, del 12,5%.

Pero cuatro años después, en agosto de 2020, el Tribunal con sede en Luxemburgo, a instancia de Irlanda y Apple, falló a favor de la multinacional con sede en Cupertino eximiéndola de realizar el reembolso de esos 13.000 millones de euros en impuestos pendientes a las arcas irlandesas, un fallo que Bruselas recurrió.

Ahora, en sus conclusiones, el Abogado General propone que se anule la sentencia y se devuelva el asunto al Tribunal General para que este resuelva nuevamente sobre el fondo. La opinión del Abogado General no es vinculante para el TJUE, aunque la gran mayoría de las sentencias dictadas por el Alto Tribunal europeo siguen la línea marcada previamente por estos dictámenes.

El Abogado General considera que el Tribunal incurrió en «una serie de errores de Derecho al declarar que la Comisión no había demostrado de manera suficiente que las licencias de propiedad intelectual de las que son titulares las sociedades de Apple en Irlanda y los beneficios correspondientes, generados por las ventas de los productos Apple fuera de los Estados Unidos, debían atribuirse a efectos fiscales a las sucursales irlandesas».

Asimismo, estima que el Tribunal General «no apreció correctamente la existencia y las consecuencias de ciertos errores metodológicos que, según la decisión de la Comisión, viciaban las decisiones fiscales anticipadas», por lo que el Abogado General considera necesario que proceda a una nueva apreciación del asunto.