Acuerdo «histórico» para el gasto de los ayuntamientos, pero Hacienda lo minimiza

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, celebró este acuerdo «histórico» al que llegaron las partes en la última reunión de trabajo de la comisión técnica celebrada este miércoles en Madrid después de haber mantenido otras cuatro los meses anteriores, «a expensas de su ratificación por vía reglamentaria o legislativa», dice el comunicado de la FEMP, que espera que este acuerdo sea cerrado en septiembre «para poder aplicar estas medidas a partir del 1 de enero de 2020».

Esta ratificación del acuerdo que la FEMP menciona de pasada en su comunicado, es precisamente lo que el Ministerio de Hacienda destaca. Fuentes del gabinete que dirige María Jesús Montero explican que se trata por ahora solo de un «documento de trabajo técnico», no es un acuerdo final ni está completo. Ahora ese documento debe elevarse a una mesa en la que se tomará la decisión final, teniendo en cuenta que puede haber «varias modificaciones».

Eso sí, desde Hacienda aseguran que el espíritu del acuerdo es que las inversiones financieramente sostenibles (IFS) se flexibilicen para que los ayuntamientos puedan usar el superávit generado en más áreas de las actuales. Y no es una cantidad menor, en 2018 ascendió a los 6.292 millones de euros, según datos del Fisco.

Y es que, según Caballero, los actuales criterios de la regla de gasto «carecen de racionalidad» porque «penalizan» a los ayuntamientos ahorradores y favorecen a las que gastan. En esta última reunión se han acordado once propuestas para flexibilizar el criterio, que son las que tendrán que ser ratificadas en septiembre. Entre ellas se encuentran establecer un criterio claro para excluir los gastos «atípicos o excepcionales» de la regla de gasto, ampliación del ámbito objetivo de las IFS en el caso de ayuntamientos en desploblamiento o la de incluir como incrementos permanentes de ingresos la afloración de nuevas viviendas fruto de un plan general urbanístico.

Hay que tener en cuenta que las corporaciones locales suman siete años con saldos positivos en sus cuentas públicas (el resto de administraciones están en déficit), pero la regla de gasto recogida en la Ley de Estabilidad impide que puedan utilizar la mayor parte de este remanente de casi 6.300 millones. Es decir, fija un tope de incremento del gasto en función del crecimiento potencial de la economía, lo que impide a los ayuntamientos gastar su superávit salvo que lo dediquen a amortizar deuda o a inversiones financieramente sostenibles, que tras la aprobación del decreto ley de hace un año se extendieron a servicios de seguridad y orden público, prevención de incendios, funcionamiento de centros docentes de infantil y primaria o instalaciones deportivas, además de las anteriores al decreto como el mantenimiento del alumbrado o el alcantarillado. Es por ello que los ayuntamientos quieren seguir ampliando las áreas en las que utilizar su 'ahorro'.

Este principio de acuerdo es todo un triunfo para los ayuntamientos que llevan reclamando mucho tiempo a Hacienda poder reutilizar su superávit en muchas más áreas, algo que el Gobierno se había negado hasta que con la llegada de Montero se abrieron a mantener reuniones que llevaran a un consenso. También siguen reclamando otros asuntos pendientes como la reforma de la financiación local -en paralelo al de la financiación autonómica- o la modificación del impuesto de la plusvalía municipal.