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David Valera
Miércoles, 11 de mayo 2016, 22:59
La corrupción mediante el pago de sobornos tiene un coste de 1,7 billones de euros anuales para la economía mundial, lo que supone el 2% del PIB global. Esa es la estimación del FMI publicada ayer en un estudio que mide el impacto de ... estas prácticas en el desarrollo de los países. «Mientras que los costos económicos directos de la corrupción son bien conocidos, los gastos indirectos pueden ser aún más importante y debilitante, que conduce a un bajo crecimiento y una mayor desigualdad de ingresos», aseguró la directora gerente del organismo, Christine Lagarde.
El estudio advierte que la corrupción afecta el desarrollo económico al debilitar la capacidad del Estado para aumentar los ingresos y llevar a cabo sus funciones básicas. «La corrupción daña la cultura del cumplimiento y aumenta la evasión de impuestos», señala. También alerta de que se utiliza para inflar los costos en el proceso de contratación pública. «La corrupción socava la cantidad y la calidad del gasto público». Asimismo, advierte de que los fondos pueden ser desviados a través de transacciones fuera del presupuesto. La consecuencia es una limitación de los recursos públicos y la inversión en gastos prioritarios para reducir la desigualdad.
También recuerda que la corrupción es un elemento penalizado en los mercados que puede provocar un mayor coste para los países a la hora de financiarse. Además, perjudica la llegada de nuevas empresas al suponer estos sobornos una barrera de entrada y, por ende, limita la competitividad. La corrupción también tiene importantes costes sociales y ambientales. En los casos extremos, el informe señala que la corrupción sistémica puede conducir a la inestabilidad política y los conflictos. «La corrupción también tiene un impacto corrosivo más amplio en la sociedad. Socava la confianza en el Gobierno y erosiona las normas éticas de los ciudadanos", resalta Lagarde.
Para luchar contra la corrupción el FMI propone que los países adopten normas a nivel internacional «en materia de transparencia fiscal y financiera». También considera fundamental la existencia de organismos estatales que luchen contra el blanqueo de capitales. Además, aboga por «un marco jurídico claro» y por la necesaria independencia de los bancos centrales y la existencia de libertad de prensa.
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