Podemos propone inspectores fiscales de incógnito y pagar a los denunciantes

Así se recoge en el Plan Integral de Lucha contra el Fraude que defenderá el próximo miércoles en la Comisión de Economía del Congreso. Según el texto, la intención de estas medidas es elevar la recaudación tributaria entre el 1% y el 1,5%, tal y como figuraba en su programa electoral. Además de estas nuevas vías de obtención de información, la formación morada cree que también hay que generar métodos de "coordinación e integración de información coordinada y en red" de las agencias tributarias del país y la Seguridad Social, así como crear instancias judiciales especializadas en esta materia.

Por otra parte, la iniciativa parlamentaria plantea también la necesidad de revisar la fiscalidad de algunos tipos de sociedad que resultan opacas al control, tales como las Socimis, las sociedades de capital riesgo y las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE), para "velar por la inversión productiva y la equidad fiscal". En la misma línea, habría que repensar la fiscalidad de las Sicav -controlar el número real y efectivo de socios, limitar el porcentaje máximo de participación o fijando un tiempo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas, entre otras cosas- así como dar a la Agencia Tributaria las competencias de control y poner en marcha un plan especial para regularizar las situaciones fraudulentas que se observan actualmente.

Elevar el plazo de prescripción

Por otra parte, la propuesta de Podemos pasa también por disminuir el umbral de punibilidad del delito fiscal a 50.000 euros así como elevar, con carácter general, el plazo de prescripción a diez años, aplicando las penas previstas actualmente cuando el importe defraudado supere los 120.000 euros. Asimismo, se plantea la posibilidad de crear una Comisión de Expertos que proponga una metodología de cálculo oficial y periódico de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral, desagregado por territorios, sectores e impuestos; y que plantee también medidas de "contención de la volatilidad fiscal", la evasión, la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios.

En relación con la AEAT, la formación morada exige incrementar sus efectivos y aprobar un estatuto básico que garantice la autonomía de los funcionarios, una dirección profesional y objetiva, la "erradicación del uso partidario de la institución" y la obligación de diseñar planes estratégicos consistentes. En este sentido, se prevé que el director general de la Agencia tenga que ser elegido por el Parlamento para un mandato de cinco años y con un contrato-programa, a sumar a un Plan Plurianual de Medidas de Lucha contra el Fraude que deberá plasmarse en cada ejercicio en una Ley Anual Tributaria y de Medidas de Lucha contra el Fraude y la Elusión Fiscal.

Esta norma tendrá que recoger las modificaciones legislativas que la experiencia exija, y se debatirá y aprobará en las Cortes con la intervención de las comunidades y tras revisarse los resultados de la gestión de los tributos realizados por la AEAT y por las agencias autonómicas. Además, habrá de quedar abierta a contribuciones tanto de los profesionales de la Administración tributaria como de la sociedad civil durante un periodo de consulta, de modo que los ciudadanos puedan aportar sus quejas y reclamaciones, y los partidos estén "obligados a responder continuamente ante la ciudadanía en cuanto a su voluntad real de luchar contra el fraude fiscal".