José María Ruiz-Mateos ingresa en prisión a los 84 años de edad

Su ingreso en prisión resultó esta vez incondicional y nada poético, pues se trata de la ejecución de una sentencia que le impuso el 15 de marzo de 2014 el Juzgado de lo Penal número 30 de Madrid. Y no era esta vez por una de las grandes operaciones de Nueva Rumasa que todavía están pendientes de juzgar el caso de los pagarés, por ejemplo, se encuentra prácticamente dormitando en la Audiencia Nacional desde hace más de un año-, sino por uno de los múltiples fraudes a la Hacienda Pública que presuntamente habrían cometido el patriarca de los Ruiz-Mateos junto a buena parte de sus hijos y excolaboradores.

Pero en este caso concreto ya no caben suposiciones. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado estos días la condena impuesta hace poco más de un año al empresario jerezano: tres años y nueve meses de prisión por otros tres fraudes fiscales, dos en el impuesto de sociedades de 1998 y 1999 y el último en el IVA, todos a través de la empresa Waltari. Asimismo, debería abonar sendas multas que suman 5,9 millones de euros e indemnizar a Hacienda con otros 4,6 millones -además de los intereses devenidos desde la fecha de impago de los impuestos correspondientes-, aunque el condenado ya hace tiempo que se declaró insolvente.

La Agencia Tributaria y la Fiscalía denunciaron los hechos a finales de 2002, pero la instrucción se eternizó y lo mismo pasó con los trámites previos al juicio, que finalmente se celebró casi 12 años después. Durante la vista oral, la estrategia del propio Ruiz-Mateos fue asumir la responsabilidad de lo ocurrido esperando no llegar a ingresar en prisión por su avanzada edad- y así lo sostuvieron también los otros seis acusados, entre ellos sus hijos Francisco Javier y Álvaro, así como el que fuera durante décadas abogado de la familia, Joaquín Yvancos.

La contabilidad B del empresario

La Fiscalía solicitaba penas de hasta nueve años y medio de cárcel para todos ellos como supuestos autores de tres delitos fiscales, así como multas que superaban los 20 millones de euros y una indemnización de otros cinco millones para Hacienda. Según la sentencia, Waltari fue una sociedad constituida por el empresario jerezano y sus colaboradores, aunque la dirigía él personalmente. En 1998 manipuló sus cuentas para presentar pérdidas ficticias y vendió parte de su patrimonio, pero lo ocultó a la Agencia Tributaria.

El argumento dado por Ruiz-Mateos para no declarar los ingresos reales al fisco fue, según su exletrado, que con ello trataba de resarcirse por lo que consideraba que el Estado tenía que compensarle tras la expropiación de Rumasa en los años 80. Así, llevaba un libro con una contabilidad B donde anotaba todo lo que se había dejado de pagar a Hacienda desde 1988 a cuenta de lo que le debían, además de otro donde se anotaban los nombres de más de un centenar de testaferros utilizados para realizar distintos engaños y ocultar su patrimonio real ante posibles embargos.

Según fuentes jurídicas, José María Ruiz-Mateos estará encarcelado, al menos, hasta que el juez de vigilancia penitenciaria revise su situación y estudie si le concede el tercer grado en tal caso, solo tendría que dormir en un centro de internamiento- o incluso la libertad condicional en atención a su, en apariencia, delicado estado de salud (presenta varias dolencias cardiacas), amén de su edad. No obstante, pueden pasar varias semanas hasta entonces y no se descarta que permanezca mientras tanto en el módulo de enfermería de la prisión de Soto del Real.

Aparte de este caso, el controvertido empresario tiene pendientes varios juicios por presuntas estafas cometidas a través de su emporio. En octubre será juzgado en Valladolid por un fraude fiscal de más de ocho millones que precisamente eludió en primera instancia por sus presuntas dolencias- y aún pendiente de fecha -sus presuntos cómplices ya fueron juzgados a principios de mes- habrá de sentarse en el banquillo por estafa e insolvencia punible en la causa abierta sobre la Corporación Financiera Hispano Suiza. Además, en febrero de este año ya fue condenado, aunque en la jurisdicción mercantil, a devolver 92 millones por los pagarés de Nueva Rumasa tras ser considerado culpable de la quiebra fraudulenta del holding.