Unos 325.000 autónomos podrán ahorrar 118 millones este año por la reducción de sus retenciones

Así se recoge en la memoria de impacto normativo que acompaña al decreto ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, donde se analiza el efecto de la decisión del Ejecutivo de reducir al 15% las retenciones por IRPF para los autónomos que cuenten con rentas de hasta 15.000 euros anuales y que supongan más del 75% de la suma de sus rendimientos íntegros, una medida que se aplica desde el pasado sábado.

En cualquier caso, el Ejecutivo señala que este coste recaudatorio será "de carácter temporal", ya que cuando se presenten las declaraciones anuales del IRPF al año siguiente el efecto se "compensará" por un "flujo de signo contrario derivado de un aumento de las cuotas diferenciales por igual cantidad que la disminución de retenciones".

"En definitiva, el impacto recaudatorio en el conjunto de los dos próximos años será nulo, persistiendo únicamente un efecto financiero, derivado de los intereses que las administraciones públicas dejen de percibir por las cuotas impositivas que se ingresarán con un mayor retraso", insiste el Gobierno.

Dación en pago y preferentes

Por otra parte, el decreto ley también exime de tributación a las ganancias patrimoniales que se produzcan como consecuencia de daciones en pago derivadas de ejecuciones hipotecarias tanto notariales como judiciales tanto en el IRPF como en la plusvalía municipal. El Gobierno señala que la Administración central compensará a los ayuntamientos por su disminución de ingresos.

Para que esta medida, en vigor desde el sábado pero con efectos desde el 1 de enero pasado, se pueda aplicar, los contribuyentes afectados --deudores o garantes-- no podrán tener otros bienes o derechos de cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.

Según la memoria, "no es factible estimar" la incidencia recaudatoria de esta medida, aunque el Gobierno cree que "no será de magnitud excesivamente elevada" dado que en los últimos años se ha producido una "intensa y sistemática" caída de los precios de la vivienda, por lo que "las ganancias patrimoniales no se producirán con excesiva frecuencia".

Lo mismo sucede con la nueva posibilidad de compensar los saldos positivos de rendimientos de capital mobiliario procedentes de deuda subordinada o participaciones preferentes con los saldos negativos de las ganancias y pérdidas patrimoniales, que también tiene efectos desde el pasado 1 de enero.

Esta medida conllevará una "cierta pérdida recaudatoria que no es factible estimar", aunque el Ejecutivo reconoce que "no será en absoluto de magnitud despreciable, dado el alcance social y económico de las inversiones realizadas en tales instrumentos financieros". No obstante, ambas medidas tendrán "un efecto muy positivo desde el punto de vista social".