La factura autonómica de la crisis llegará con dos años de retraso

En este sentido, Ángel de la Fuente, autor del estudio y director de Fedea, sugiere que la estrategia de aislar a las comunidades autónomas de los efectos presupuestarios de las sucesivas crisis, o al menos retrasar su llegada de forma casi indefinida, «no parece la mejor forma de fomentar su responsabilidad fiscal o de incentivar su rápida adaptación a las cambiantes circunstancias económicas».

Y es que tras una década de descenso o estabilidad, el peso del gasto autonómico en el PIB se ha disparado al alza en 2020, aumentando en casi tres puntos como resultado de la crisis de la covid, que ha elevado las necesidades de gasto sanitario y social y ha reducido el nivel de renta en más de un 10%, con la consiguiente presión a la baja sobre los ingresos tributarios de todas las administraciones públicas.

Pero como el Gobierno central ha optado por absorber en primera instancia la totalidad de ambos shocks, manteniendo unas entregas a cuenta calculadas con previsiones anteriores a la crisis y aportando recursos adicionales a las autonomías mediante transferencias extraordinarias no retornables fuera del sistema de financiación autonómica (SFA), los ingresos de las comunidades crecieron el año pasado más deprisa que sus gastos, lo que se ha traducido en una apreciable reducción de su déficit presupuestario a pesar de la pandemia, pero a consecuencia de aumentar en la misma medida el déficit del Estado.

Por ello, De la Fuente advierte de que gran parte de la factura llegará en los próximos ejercicios en «abultadas liquidaciones negativas» del sistema de financiación y de un recorte en las transferencias estatales. Pese a todo, el informe apunta que, aunque buena parte de los recursos de los que se han beneficiado las comunidades deberán devolverse en dos años, la experiencia de la anterior crisis sugiere que el plazo para su devolución terminará alargándose «tanto como haga falta».

En cuanto a la deuda de cada territorio, el informe revela que aunque todas las autonomías han aumentado su deuda muy sustancialmente desde la anterior crisis, hay diferencias muy importantes entre ellas que han ido aumentando con el tiempo en términos absolutos. Actualmente las autonomías menos endeudadas en relación con su PIB son Canarias, Madrid y País Vasco; mientras que las que soportan una mayor carga de deuda son Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha y, sobre todo, la Comunidad Valenciana, que se acerca a un preocupante 50% del PIB. De 2003 a 2020, el peso de la deuda se ha multiplicado por 13,6 en Castilla-La Mancha y alrededor de 2,5 en Madrid y Galicia.