Europa conmina a Ryanair a aplicar el derecho laboral local a toda su plantilla

Se apoyan al respecto en la normativa laboral europea y en las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE). En ellas la curia comunitaria respalda el criterio de la CE de que en aquellos países donde opera debe someterse a las reglas nacionales de sus mercados de trabajo respectivos. En concreto, afirma que los conflictos que puedan darse con sus empleados deben dirimirse en los juzgados del lugar donde desempeñaban su trabajo y no en el país de bandera de la compañía.

Esa es precisamente una de las líneas rojas que siempre ha defendido Ryanair: no admitir otra jurisdicción que no sea la irlandesa, con un marco laboral mucho más favorable para el empresario. Esto, sin embargo, ha ido cambiando en parte en los últimos meses a golpe de sentencia.

Fue la propia compañía aérea la que cruzó primero esa puerta en Francia. En 2011 cerró su base en Marsella tras un proceso judicial por la supuesta contratación irregular de sus tripulaciones, no registrados a nivel local sino en Irlanda como las matrículas de los aviones en los que trabajaban. Por eso los impuestos y seguros se abonaban en aquel país.

El Tribunal Supremo francés le dio la razón en septiembre, abriendo el camino a la devolución de 13 millones de euros en pagos a la Seguridad Social bloqueados por las autoridades. Ha sido de las escasas victorias de Ryanair en su guerra laboral europea, pero puede terminar en derrota porque, además de que el caso va a ser revisado por la Corte de Apelación de París, se ha instado a la empresa a variar su forma de actuar.

De hecho, los responsables de la aerolínea ya han negociado volver a tener bases en Francia -sería en 2019, en Marsella y Burdeos-, esta vez con contratos nacionales y pagando allí los impuestos. Es justo lo que le vienen demandando desde entonces en Bruselas pero para toda la Unión.

«Es un comienzo que se negocie», ha dicho la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, sobre los procesos abiertos por la compañía en varios países europeos desde entonces, también empujada por las huelgas de sus tripulaciones. «Pero la implementación de la ley existente -ha advertido- no es objeto de esas conversaciones». Esto es, en Bruselas quieren que aplique ya la legislación laboral de cada país donde opera, con independencia de los acuerdos que pueda alcanzar luego.

Italia, Portugal, Bélgica y Alemania son los cuatro países donde ha ido alcanzando acuerdos parciales e incluso aceptando a los sindicatos -aunque solo a algunos-, otro de sus vetos históricos. De hecho, casi por norma, sigue sin reconocer a los comités de empresa en sus bases. Asimismo se han firmado nuevos convenios colectivos, pero a la hora de que sus empleados coticen a la Seguridad Social en el país donde trabajan se ha amparado en un vacío legal europeo para no hacerlo hasta 2022, cuando será obligatorio en virtud del plazo previsto en una ley aprobada en 2012.

En España llegó a un acuerdo a finales de octubre con el Sepla, el sindicato mayoritario de pilotos -en la aerolínea irlandesa representa a dos tercios de ellos- que, gracias a dicho pacto, será el único al que Ryanair reconozca para negociar el primer convenio para este colectivo. También aceptó ir adaptando sus contratos a la normativa nacional a partir del 31 de enero y, a cambio, la central retiró una demanda judicial.

Los tripulantes de cabina (TCP) españoles, sin embargo, siguen sin alcanzar un acuerdo para los mismos objetivos (aplicación de la legislación local y reconocimiento sindical) e incluso acusan a la compañía aérea de «despreciarles, poniendo límites y trabas a la negociación». Dicen «no entender» por qué han cedido con los pilotos y no con ellos.

Por eso ven «cada vez más cerca la convocatoria de una huelga en Navidades», la tercera tras los paros de marzo y julio. Y podría ocurrir lo mismo con los TCP en otros países europeos. Esta semana los ministros de Trabajo de Alemania, Bélgica, Italia, Holanda y Luxemburgo conminaban a Ryanair a aplicar el derecho laboral local a «todo su personal». De no encontrar «una solución de forma urgente», advertían, «se expone a riesgos jurídicos». Los sindicatos se preguntan por qué los responsables de Francia y España no les secundaron.