¿Está Europa aniquilando su competitividad con su estricta regulación ambiental?

Europa se está suicidando con su estricta regulación medioambiental. Como poco, se está pegando un tiro en el pie. Es lo que argumentan quienes critican que la traslación de los objetivos de la Agenda 2030 y el Pacto Verde a la legislación comunitaria está restando competitividad a los productos europeos, lastrados por una estricta normativa y la obligación de competir en un mercado global con países que cuentan con legislaciones mucho más laxas. Porque cuanto más restrictivos son los estándares de sostenibilidad, más caro resulta lo que producimos.

Les sucede, por ejemplo, a los agricultores. Con sus tractoradas por toda Europa, denuncian que la regulación medioambiental, la burocracia para acceder a las ayudas y los salarios más elevados les impiden competir con países capaces de producir mucho más barato gracias a menor regulación medioambiental y laboral. «El problema no está en la sostenibilidad, con la que estamos de acuerdo porque nosotros somos la primera víctima del cambio climático. La clave está en la reciprocidad», afirma Diego Juste, responsable de Comunicación de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). «Estamos hartos de que en los acuerdos comerciales que la Unión Europea cierra con terceros países no se tenga en cuenta al sector primario. Parece que solo nos interesa exportar tecnología e importar alimentos», añade.

Helena Moreno, responsable de Sistemas Alimentarios Sostenibles de Greenpeace, también pone más el foco en los acuerdos comerciales que en la regulación. Y señala el curioso caso de Brasil: «Estamos importando alimentos producidos con plaguicidas que en Europa están prohibidos porque son dañinos para la salud. En Greenpeace hemos documentado el caso de la lima, por ejemplo». Y falta un sorprendente giro de guion: «España produce esos plaguicidas y se los vende a Brasil». Por eso, Moreno tiene claro que las políticas europeas son «hipócritas e incoherentes».

Pilar Galindo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) es de una opinión similar. «Creemos que la regulación medioambiental garantiza la viabilidad del sector a largo plazo, porque producir sin esos controles empobrece el suelo y da menos garantías nutricionales y de calidad. Pero los criterios del Pacto Verde se deben aplicar también a las importaciones, y falta vigilancia», sentencia.

No es un problema que afecte exclusivamente al sector agroalimentario. De hecho, las principales fricciones comerciales por sospechas de competencia desleal se dan en el sector industrial, donde la regulación también es un factor clave de la competitividad. «Es indudable que el Pacto Verde ha supuesto un tsunami sin precedentes en la normativa medioambiental», analiza Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, integrada por nueve asociaciones sectoriales que aglutinan el 55% del Producto Industrial Bruto del país. «Nosotros no cuestionamos la necesidad de luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la circularidad de la economía, pero sí exigimos que la regulación sea inteligente y proporcionada», añade.

Para que se cumplan esos dos requisitos y no se produzca 'dumping medioambiental', el portavoz de la Alianza señala que se debe tener más en cuenta el contexto internacional. «No es negativo que la Unión Europea lidere el ámbito regulatorio, pero debe entender que sus empresas compiten en el mercado global. Por eso, tiene que ver si otros hacen lo mismo o no. Porque, de lo contrario, estamos exportando puestos de trabajo e importando emisiones contaminantes», argumenta. Lo resume todo en una frase: «No es inteligente deslocalizar producción contaminante y luego importarla».

Además, Reinoso señala que hay que huir de la sobrerregulación. «Porque puede convertirse en el mayor elemento de parálisis en la consecución de los objetivos de sostenibilidad. No hay peor legislación que la que no se puede cumplir, y se han llegado a revisar directivas que ni siquiera se habían implementado», explica.

Por si fuese poco, las empresas europeas tienen que hacer frente a otro elemento que resta su competitividad: el encarecimiento de la financiación derivado de la taxonomía social para las finanzas sostenibles en Europa. Lo explica el responsable de la sección de Impuestos de un importante banco español: «Es una clasificación de sectores en función de su sostenibilidad, y sirve para primar la financiación de los sectores limpios e incrementar el riesgo que se otorga a los contaminantes, independientemente de que sean rentables. Es una forma de canalizar al sector privado hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible».

Un ejemplo práctico: una fábrica de vehículos de combustión tiene más difícil financiarse -y le resulta más caro- que una de vehículos eléctricos. «Al final, la sostenibilidad de los bancos se determina con los sectores a los que financian. Por eso, países como Francia luchan para que la energía nuclear se considere verde», comenta el empleado de banca. El problema es que los países emergentes tienen prioridades diferentes y continúan apoyando a sectores contaminantes.

¿Son entonces aranceles como los anunciados para los coches eléctricos chinos una solución? «Es cierto que Europa es muy abierta en el comercio y el resto del mundo no. Y eso provoca una asimetría que nos afecta a nosotros. Los aranceles no son la mejor solución, pero sí son un mecanismo de defensa para remediar fracasos», opina Reinoso. «Al final, las emisiones nos afectan a todos independientemente de dónde se generen, así que el objetivo debe ser equiparar las normativas medioambientales», añade.

Juste también advierte de que los aranceles pueden convertirse en un bumerán. «Son peligrosos, porque suelen provocar represalias que nos pueden dañar mucho, como nos sucedió con Donald Trump. No en vano, somos una de las principales potencias exportadoras del sector agroalimentario. Así que nos pueden afectar más que proteger», argumenta.

No obstante, un ingeniero vasco empleado en el sector del acero considera que hay pocas alternativas para detener la desindustrialización europea. «Es imposible competir con tantas trabas en mercados globales con precios fijados. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los combustibles. Si queremos sostenibilidad, tenemos que ser capaces de pagar el desarrollo de la tecnología que nos permitirá llegar a ese ideal, y ser conscientes de que reducir las emisiones tiene un precio», comenta. Y eso no siempre se acepta de buen grado. «No hay mucha conciencia entre los consumidores, que miran sobre todo el precio. Y es lógico, porque el coste de la vida es su mayor preocupación», sentencia Moreno.

A pesar de todo, Europa es el único continente que ha logrado reducir considerablemente las emisiones de CO2 desde 1990. Ha pasado de 8.040 millones de toneladas a 5.100 millones. En gran medida, eso se debe a la desindustrialización provocada por la globalización, un proceso en el que la producción más contaminante se ha deslocalizado a continentes menos avanzados y con legislaciones menos estrictas. No en vano, en el mismo período, China ha pasado de emitir 2.480 millones de toneladas a 11.400 millones.

Esa mudanza de las emisiones es lógica según la hipótesis del refugio de la contaminación. Según esa teoría, es la respuesta esperable ante el incremento de los costes provocado por los mayores estándares medioambientales, y resulta preocupante a nivel global porque supone que la reducción en la contaminación de una región es malograda por el incremento en otra. Al fin y al cabo, todos vivimos en el mismo planeta.

Pero la innovación tecnológica también ha jugado un papel relevante en esa reducción de emisiones europea. Y algunos analistas afirman que los avances en eficiencia no habrían sido posibles sin una normativa estricta. Es lo que argumenta la hipótesis de Porter: la regulación impulsa inversiones en I+D que finalmente logran compensar el incremento de los costes y que, a partir de ahí, redundan en una mayor competitividad y facilitan alcanzar el liderazgo a nivel global.

«Con la pandemia y la guerra de Ucrania hemos comprendido la necesidad de reindustrializar Europa. Nos hemos dado cuenta de que necesitamos autonomía industrial, con cadenas de valor completas», explica Reinoso, que también aprecia la regulación medioambiental como un acicate para la innovación, siempre que no expulse del mercado a las empresas. «La buena regulación es un elemento de competitividad porque permite tomar decisiones de inversión. Y tenemos que triplicar las inversiones industriales para desarrollar y madurar las tecnologías sostenibles sobre las que pivotará la transformación que necesitamos para descarbonizarnos en 25 años. Pero para eso, la regulación debe ser predecible», apostilla.

En opinión de Reinoso, el mejor ejemplo actual de éxito es el de Estados Unidos, que está haciendo todo lo posible por estimular la industria local «y está logrando así atraer inversiones que podrían haberse hecho en Europa porque ofrece mejores condiciones». El objetivo, resume, debe ser «que invertir en Europa sea la mejor opción».

En el sector agroalimentario sucede algo parecido. «Nos falta una mirada de protección del territorio. No hay que relajar la legislación medioambiental, que beneficia a la industria pero no a los agricultores, sino rebajar el techo del máximo de ayudas que se pueden recibir en la Política Agraria Común (PAC) para que lleguen a quienes las necesitan y evitar que se queden en el bolsillo de los terratenientes que las acaparan», denuncia Galindo.

«Hay que acabar con los grandes monocultivos que degradan el suelo y apoyar la diversificación», coincide Moreno, que considera buscar la competitividad a nivel de precio una estrategia suicida. «El sector solo tendrá futuro si es sostenible en todos los ámbitos, desde el medioambiental hasta el laboral», sentencia la ecologista.

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