El Estado se enfrenta a un golpe de hasta 2.000 millones por el IRPF de las bajas por maternidad

Lo que se dirime es si las prestaciones por maternidad deben tributar en el impuesto de la renta (IRPF). De hecho, aquel 'cheque bebe' tenía un carácter no contributivo y los 2.500 euros que el Estado abonaba por cada recién nacido iban de forma íntegra a sus progenitores.

Hay similitudes entre ambas situaciones, pero también diferencias. Y por eso los propios tribunales administrativos no se pusieron de acuerdo tras recibir las primeras reclamaciones de padres y madres que interpretaban que, conforme a la ley, el dinero que recibían durante la baja por maternidad estaba fiscalmente exento. La Agencia Tributaria, sin embargo, ha defendido lo contrario.

No fue hasta marzo de este año cuando el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que depende del Ministerio de Hacienda, trató de unificar criterios estableciendo que el dinero que la Seguridad Social abona a las madres trabajadoras por las 16 semanas de baja previstas por maternidad -1.600 millones de euros al año- ha de tributar.

En concreto en el IRPF, conforme al artículo 7 de la Ley de 2006 que lo desarrolla (letra h), donde se afirma que «también estarán exentas las prestaciones por maternidad percibidas de las comunidades autónomas o de entidades locales». El problema, y aquí radica el motivo principal que sustenta esta controversia, es que justo en la frase anterior se afirma que «igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad».

En ambos casos no se nombra expresamente a la Seguridad Social, pero tampoco se la excluye. Por eso varios tribunales administrativos consideraron en un principio que las prestaciones por maternidad sí podían quedar exentas, e incluso en la vía judicial el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) refrendó ese criterio en varias sentencias y ordenó a Hacienda devolver el dinero percibido con ellas, e incluso pagar los intereses devengados.

Su principal argumento es que el uso de la palabra «también» en el citado artículo de la Ley del IRPF viene a «reconocer tal beneficio tributario con carácter general», al tiempo que apunta que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es «una entidad gestora con personalidad jurídica propia». Por eso entiende que la interpretación de la norma que hacen Hacienda y el TEAC es «parcial».

Se apoya, asimismo, en que la exposición de motivos de la Ley 62/2003 que incluyó por vez primera esas exenciones en el IRPF se hace referencia a las prestaciones por maternidad en general, sin diferenciar su procedencia según cuál sea el organismo público que las pague.

La tesis del TEAC, sin embargo, es totalmente distinta. Esto es, si no está recogido «expresamente» que no debe tributar por IRPF, «no hay razón para contrariar el criterio seguido» por la Dirección General de Tributos, que la considera una renta derivada del trabajo. Y es que, subraya dicho tribunal, «la causa real de concesión de estas prestaciones no es la maternidad en sí, sino la suspensión de la relación laboral que origina» aquella.

En el mismo sentido la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha) estima que debería pagar impuestos, al igual que la prestación por paro. De lo contrario, apuntan, podría darse el caso de que con ingresos similares -la cuantía para la maternidad deriva de la base de cotización- tributara menos por ser madre, además de que ya cuenta con una deducción extra de 1.200 en la cuota del IRPF.

El impacto en caso de que al final hubiera que devolver todo lo ingresado por Hacienda correspondiente a esas prestaciones entre 2012 y 2016 (eso sí, el plazo para reclamar por ese primer año venció el pasado 30 de junio) se aproximaría a 1.300 millones de euros, dado que el fisco ingresa unos 256 millones por año. Hablamos de un millón de contribuyentes afectados aunque está por ver cuántos podrán reclamar en plazo o lo habrían hecho ya.

Además, si se terminara aplicando el mismo criterio al dinero correspondiente a los 15 días de permiso por paternidad, el número de implicados superaría los dos millones y el total a compensar rebasaría los 2.000 millones de euros, eso en el peor escenario para la Agencia Tributaria. Los asesores fiscales, no obstante, prefieren esperar a l que resuelva el Tribunal Supremo y no reclamar todavía salvo que el año de la declaración en que se recibió la prestación esté ya cerca de prescribir.