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Desde que el Estado acudiera al rescate de Bankia en mayo de 2012, la participación pública en una entidad financiera hasta entonces privada ha cambiando, con altibajos. La Administración no ha sido capaz de desentenderse de estas acciones, a pesar de que ese era ... el objetivo tras acudir al auxilio del banco, tal y como le exigía Bruselas.
Hace ahora casi un década, la inyección de dinero público para salvar a Bankia superaba los 22.400 millones de euros. En aquel momento el banco, entonces presidido por el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, no podía salir adelante. Era un riesgo para toda la economía española, inmersa en una grave crisis de deuda y de credibilidad internacional. Rato tuvo que salir del banco y fue sustituido por José Ignacio Goirigolzarri, quien ha capitaneado Bankia saneándola, hasta fusionarla con CaixaBank.
En estos años, y después de una reestructuración por la que pocos economistas y políticos apostaban, Bankia ha devuelto solo una parte del dinero que recibió del erario público:3.303 millones, un 15% del total. Lo ha hecho a través de seis dividendos anuales por un valor de 1.180 millones;y el resto (2.122 millones) gracias a la venta de dos paquetes de acciones que controlaba el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria):un 7,5% en 2014, con el que recaudó 1.300 millones;y otro 7%, tres años después, por apenas 800 millones.
Desde entonces, el Estado no ha vuelto a intentar, ni se le ha pasado por la cabeza, privatizar otra parte de Bankia. Y mucho menos el 60% que tenía de una sola vez. La Bolsa no está, ni previsiblemente estará, para hacerlo en buenas condiciones a medio plazo. A pesar de que su valor bursátil se ha incrementado desde que anunció la fusión con CaixaBank, cada título de Bankia cotizaba hasta ahora a 1,7 euros. Llegó a valer 4,5 euros hace cuatro años. Ayer dejó de cotizar en el parqué.
Por eso, los sucesivos Gobiernos –tanto los de Mariano Rajoy como los de Pedro Sánchez– han ido prolongando el plazo legal por el que el Estado se debería ver obligado a privatizar su capital en Bankia:ahora, algo más del 16% dentro de CaixaBank. Así puede permanecer al menos hasta finales de 2023, la última actualización de la fecha en la que debería salir del capital del banco.
Los gestores de CaixaBank se han pronunciado de forma recurrente sobre la entrada de capital público en su accionariado, con un sillón en el propio consejo de administración del que ya es el primer banco en España. No va a suponer ningún problema. Mientras tanto, el FROB irá esperando y analizando para ver cuándo es el mejor momento para vender ese 16%, aunque el Estado ya sabe que nunca recuperará todo lo que inyectó a Bankia hace una década.
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