España reparte las reformas en cuatro años para activar los fondos europeos

Algunas propuestas son duras de digerir para una población exhausta tras la pandemia. Por eso, una buena parte de las reformas, que en algunos casos supondrá apretarse el cinturón, no llegarán hasta bien entrado 2022, buena parte de 2023 e incluso 2024.

Con este calendario, el Ejecutivo traspasa incluso la línea de la actual legislatura –terminará, como muy tarde, en diciembre de 2023– en una agenda plagada de programas para cambiarle la piel a la economía con un sistema más social, ecológico, inclusivo y productivo. Pero, a la vez, con unos cambios legales a los que los españoles tendrán que acostumbrarse con el paso del tiempo si quieren que Bruselas mantenga abierto el grifo de los fondos europeos.

Habrá un nuevo «mecanismo de ajuste interno» que aporte «flexibilidad» a las empresas para que puedan desprenderse de forma esporádica de sus plantillas, pero que a la vez «garantice el empleo» de esos trabajadores. Serán los ERTE del futuro, los que sustituyan a los actuales. Pero para garantizar su viabilidad, tendrán que ser tanto los empresarios como los empleados los que aporten la financiación necesaria con sus cotizaciones, además de la ayuda del Estado.

La derogación de la reforma laboral de los gobiernos del PP solo atajará algunos puntos de aquella polémica normativa: el de los cambios en la negociación colectiva, sobre todo a lo relativo a la ultra-actividad de los convenios, la relación entre convenios sectoriales y los de empresa; y los mecanismos de negociación en la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Otra medida de la contrarreforma laboral que negociará el Gobierno buscará la simplificación de los contratos (estable, temporal y de formación/prácticas), para generalizar la contratación indefinida en un mercado con una temporalidad superior al 25% y devolver al contrato temporal la causalidad que se corresponde con la duración limitada, incluso aplicando un «mecanismo efectivo para eliminar el abuso de la contratación temporal, aislada o concatenada, sobre una misma persona trabajadora o un mismo puesto de trabajo».

Habrá una nueva fórmula de revalorización de las pensiones que se basará en el IPC del año anterior para garantizar a los jubilados el mantenimiento del poder adquisitivo. El Gobierno quiere aprobar en las próximas semanas una ley para que sea aprobada antes de final de año y poner así punto y final a la subida mínima del 0,25% a la que abocó a los jubilados la reforma del PP.

El Ejecutivo ha diseñado desincentivos para reducir el número de jubilaciones anticipadas (cuatro de cada diez). El nuevo esquema reducirá la pensión inicial por cada mes que se adelante el retiro –no por trimestres, como ahora–, y los recortes oscilarán entre un mínimo del 2,81% (un mes antes) y un máximo del 21% (24 meses antes), frente al 1,6% y el 16% actual, respectivamente en cada caso. Además, el recorte se aplicará sobre la pensión real y no sobre la base reguladora. También se fomentará la jubilación demorada, con un cheque de hasta 12.000 euros por cada año de retraso sobre la edad legal.

Se incrementarán las bases máximas de cotización (4.070 euros) en 30 años y se adaptará la pensión máxima (2.707 euros). Además, habrá una ampliación progresiva de los años necesarios cotizados para obtener una pensión, aunque se abre a que se puedan elegir los mejores periodos. Además, habrá un nuevo factor de sostenibilidad (el de 2013 nunca se aplicó):un mecanismo de ajuste que busque equilibrio entre trabajadores y pensionistas.

Habrá un nuevo sistema de cotización de los autónomos en función de los rendimientos netos de su actividad. Comenzará a implantarlo durante 2022 «de forma gradual mediante la aproximación de las bases de cotización mínimas por tramos a los ingresos reales del trabajador». Sin embargo, el Gobierno ha dicho a los agentes sociales que se retrasará a 2023 su entrada en vigor y habrá diez años de periodo transitorio.

La reforma fiscal entrará en vigor en el primer trimestre de 2023. Aunque el plan no detallade forma directa una subida de impuestos, sí menciona que se crearán nuevos tributos, especialmente en el área ambiental y digital, se ampliará la base imponible y se revisarán figuras como Patrimonio, Sucesiones y Sociedades, incluyendo un tipo mínimo del 15%.

Además de la 'Tasa Tobin' y la 'Tasa Google' que entrarán en vigor este verano, de aquí a 2023 se aplicarán nuevos impuestos destinados a contribuir a la transición ecológica. Este mismo año se empieza a aplicar la nueva regulación de los impuestos a los envases de plástico no reutilizables, con un tipo de 0,45 euros por kilogramo. También se pondrá en marcha el impuesto sobre depósitos de residuos en vertedero e incineración y se modificará el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

En el primer trimestre de 2022 se revisará el impuesto de matriculación, ahora transferido a las regiones, con un gravamen de entre el 4,75% y el 14,7%, según sus emisiones. El Gobierno propone revisar el impuesto de circulación y la bonificación de los hidrocarburos utilizados como carburante para la equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante. Es decir, se retirarán los incentivos al diésel a partir de 2023. La propuesta más polémica en este punto es la de aplicar a partir de 2024 un mecanismo de pago por uso en las carreteras. La medida serviría para acabar con el déficit generado por estas infraestructuras y financiar los 11.000 millones al año que cuesta mantener la red.

Una vez remitido el Plan de Recuperación a Bruselas, la Comisión Europea tendrá dos meses para evaluarlo. El Ministerio de Economía no espera sorpresas en este sentido y anticipa que será en junio cuando el plan nacional reciba el visto bueno definitivo, que permitiría recibir inmediatamente, a más tardar en julio, una prefinanciación de 9.000 millones de euros. A partir de verano, Europa abonaría otros 16.000 millones de euros, a los que habría que sumar los 2.000 millones procedentes del programa REACT-EU (dentro de los fondos Next Generation)de ayudas para la cohesión.

Todos esos desembolsos completarían los 27.000 millones de euros que el Gobierno ya incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para este año y que, según explicó esta semana la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya estarían siendo desplegados en determinados segmentos, como las políticas activas de empleo y de dependencia.

Tras el primer tramo que llegaría a partir de verano, la Comisión Europea pondrá en marcha un sistema de pagos semestral para el reparto de los fondos europeos, de los que a España le corresponde un total de 140.000 millones de euros durante los próximos seis años. De esa cifra total, 70.000 millones serán a fondo perdido.

Esos siguientes pagos se realizarán conforme al cumplimiento de determinados objetivos e hitos establecidos en el Plan de Recuperación. Y, según el programa español, la reforma laboral tendría que ser la primera en estar lista para recibir esos nuevos tramos. Si no el texto definitivo, al menos sí los principales acuerdos pactados en el marco del diálogo social.

En cuanto a las inversiones previstas, la idea es que la mayor parte de los desembolsos se ejecuten en 2022 y 2023, con sectores prioritarios como la movilidad sostenible o la rehabilitación de edificios públicos y viviendas.