El FMI: «Hay que mantener el apoyo fiscal hasta que haya recuperación»

Y es que las perspectivas del FMI sobre la economía española son un poco sombrías: reflejan que el impacto de la pandemia de la covid-19 ha sido particularmente grave para España, debido a sus características estructurales, que agudizaron el impacto del confinamiento y que provocan que, en lo sucesivo, sea «particularmente vulnerable a disrupciones prolongadas». Pone de relieve, además, que «en medio de una segunda oleada de infecciones, el incipiente repunte económico corre peligro».

El organismo mantiene su previsión de que el PIB caerá un 12,8% este año, pero revisa al alza su estimación para 2021 hasta el 7,2% (desde el 6,3% de junio), «apuntalado por la utilización del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y sus efectos en la generación de confianza» Pero advierte: «Lograr dicho repunte estará estrechamente vinculado a la capacidad de limitar nuevas infecciones. Además, dependerá del tamaño, los plazos y la composición del gasto adicional financiado por la Unión Europea». Respecto a esta cuestión, avisa de que «dada la envergadura sin precedentes de los fondos, resulta crucial disponer de una estructura clara de gobernanza que supervise la ejecución de los planes y la consecución de hitos clave», de manera que se pueda «asegurar una elevada efectividad y abordar nuevas necesidades que puedan plantearse».

Pese al mantenimiento de la previsión para este año y la revisión al alza de 2021, el Fondo sostiene que «la producción tardará varios años en alcanzar su nivel pre-pandemia». «Los riesgos se decantan marcadamente a la baja», insiste el organismo multilateral. Y, en este sentido, la institución recomienda: «Los esfuerzos de las políticas económicas deberían prolongarse y adaptarse de manera flexible, así como volverse cada vez más focalizados». O aumentar: «En caso de producirse un acusado deterioro de las perspectivas económicas, deberían (las autoridades) deberían estar dispuestas a intensificar temporalmente el apoyo en función de las necesidades derivadas de la pandemia».

Pero también se detiene a evaluar las políticas adoptadas hasta el momento. Los ERTE han funcionado, sí, pero no pueden ser eternos. En este sentido, defiende que, con el tiempo, las prestaciones por desempleo deberían convertirse en la red de seguridad predominante para los trabajadores: éste será el mecanismo para reasignar puestos de trabajo y empleados de sectores y empresas en declive hacia los más dinámicos. Los ERTE tienen unos rendimientos decrecientes y conllevan el riesgo de mantener a los trabajadores en empresas y sectores inviables, señala el Fondo.

Respecto al mercado de trabajo, el FMI también señala que los fondos europeos «ofrecen la oportunidad para facilitar la introducción de reformas laborales» que, de acuerdo con Andrea Schaechter, responsable para España de la institución, podrían dirigirse a la implantación de la «mochila austriaca». Los fondos europeos pueden ayudar a la transición en esa dirección, sostiene. También, a facilitar la transición de los trabajadores desde sectores o empresas en declive hacia la nueva economía. Y, además, insiste, como en anteriores análisis de la economía española, en que hay que «superar la segmentación del mercado de trabajo». La fórmula que sugiere es la introducción de un fondo para despidos que haga al mismo tiempo más atractivos los contratos indefinidos financiado con los fondos comunitarios.

El Fondo, en su documento, también se muestra preocupado por la equidad social. En esta dirección, realizan varias sugerencias. Por ejemplo, de nuevo del lado del empleo, considera esencial «mejorar la empleabilidad de los damnificados por los cambios económicos mediante más y mejores políticas activas de empleo y formación».

El Fondo Monetario se olvida, a medias, de la ortodoxia presupuestaria e invita a que el ajuste fiscal gradual que busque encauzar la deuda pública española debería comenzar «una vez que la economía se encuentre en una senda de crecimiento sostenible con el desempleo en disminución». Y, según el Fondo Monetario advierte de que «esto sucedería como pronto en 2022».

El objetivo prioritario reside en reducir la duración de la crisis y en evitar que la recesión se transforme en estrés para el sector financiero, lo que puede conllevar costes reales y sociales aún más elevados, según el organismo. En este sentido, además de apoyo fiscal, inyecciones de capital a las empresas, para proteger al sector productivo, anima a «intensificar los incentivos para promover la reestructuración de la deuda, incluyendo a las pymes».

Con todo, a corto plazo, la institución emplaza al Gobierno a realizar un anuncio anticipado de su plan de ajuste gradual, ya que ello «podría enviar una señal clara a los mercados y promover transparencia de las medidas de política económica». Ese plan, además, de acuerdo con el organismo, «debería incluir medidas estructurales sostenibles, especialmente del lado de los ingresos, que ayudarían a reconstruir los colchones fiscales al tiempo que apoyarían más inclusión e innovación». Si bien el organismo también precisa que las subidas impositivas deberían procurar no mermar la actividad económica.

Asimismo, del lado de las recomendaciones, el FMI afirma que es necesario un paquete sostenible de reformas de las pensiones que «equilibre su sostenibilidad con la aceptabilidad social». Andrea Schaechter, responsable para España de la institución, precisó que el consenso social que hay en España alrededor de la idea de que las pensiones se han de revalorizar con el coste de la vida implica que hay otras cuestiones que se deben ajustar.

En cuanto a la cohesión social, el Fondo reconoce que «las disparidades económicas, que ya eran altas antes de la covid-19, van camino de ahondarse, y es probable que aumente la pobreza». Para combatir esa deriva, el FMI valora que el ingreso mínimo vital «es un paso acertado para abordar algunos de los retos socioeconómicos». Asimismo, asegura que «ampliar los programas de vivienda social de alquiler y de asistencia al alquiler y la reubicación, así como simplificar la normativa en materia de edificación y recalificación del suelo, contribuiría a mejorar la asequibilidad del alquiler y la movilidad laboral».

En definitiva, el Gobierno tiene por delante lograr el equilibrio perfecto entre la consolidación fiscal y los estímulos que sostengan la actividad y acoten los daños sociales de la pandemia.