España se juega 19.000 millones en 70 reformas prometidas a Bruselas

Está previsto que este mismo año lleguen a España 19.000 millones que empezarán a fluir con el anticipo de 9.000 millones esperado para principios de agosto, a los que se sumarían otros 10.000 millones más en diciembre. Pero cuidado. Bruselas ha dejado claro que no habrá dinero para quien no cumpla sus compromisos. Ysin una autoridad independiente para vigilar el desarrollo de los proyectos, la Comisión activará la maquinaria de la supervisión en el mismo momento en el que apriete el botón para ese primer anticipo.

Según explica Luis Socías, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la CEOE, este primer pago «es una partida recogida en el reglamento que sirve para costear las reformas e inversiones que haya hecho España desde febrero de 2020». El resto de desembolsos, incluidos esos 10.000 millones de final de año, estarían condicionados a la aprobación de las reformas y al cumplimiento de los objetivos que aparecen muy detallados en el Plan. «De aquí a 2026, se pueden hacer dos desembolsos al año, por lo que después del verano Bruselas examinará si se han puesto en marcha las reformas e inversiones previstas en el documento», explican desde la patronal.

Fuentes financieras del PP en Bruselas añaden que la Comisión no solo puede frenar futuros pagos si no se cumplen los objetivos pactados. En el peor de los casos, también podría obligar al país a devolver los tramos ya otorgados. Desde la CEOE, no obstante, matizan que esto solo ocurriría si se pone en riesgo la estabilidad financiera, clave para una Europa que debe acudir a los mercados internacionales de deuda para financiar el 'megaplan' de 750.000 millones con el que pretende reconstruir la región tras la pandemia.

El problema es que teniendo en cuenta la debilidad parlamentaria del Gobierno español, Bruselas estará especialmente atenta a la aprobación y puesta en marcha de los hitos comprometidos. Y no le temblará la mano si las grandes reformas corren peligro.

En concreto, y según consta en uno de los anexos de su análisis al Plan de Recuperación, España se ha comprometido a cumplir con 70 hitos a lo largo de este año (416 para el conjunto del Plan). Es cierto que muchos de ellos ya se han llevado a cabo, pero aún quedan seis meses por delante con un buen número de medidas y reformas a realizar.

Entre ellos, el Gobierno debe sacar adelante normativas menos conocidas como la destinada a lograr una cadena de valor alimentaria más transparente y equilibrada, que debe entrar en vigor en el cuarto trimestre de este año, igual que las modificaciones del Reglamento de la planificación hidrológica o la firma de convenios con organismos públicos para la investigación en el ámbito pesquero o acuícola.

También debe aprobarse a final de año en Consejo de Ministros la Estrategia de Movilidad Sostenible y muchos otros objetivos. Pero donde Bruselas pondrá especial vigilancia será en los avances para ejecutar la reforma de las pensiones y, sobre todo, la laboral, que debe estar lista al menos en sus implicaciones iniciales, para finales de este mismo año. Todo para, a su vez, acceder a los pagos y cumplir así también con las previsiones macroeconómicas establecidas para los próximos años, que incluyen el impacto de estos fondos.

Bruselas coincide con el Gobierno en que el diálogo social debe marcar el pacto. Pero ha dejado claro que para antes del 31 de diciembre se tiene, al menos, que haber tramitado la reforma con medidas ya listas como la propuesta para reducir la temporalidad, un nuevo sistema de negociación colectiva o la conversión de los ERTE en un instrumento permanente financiado con un sistema de contribuciones de empleados, empleadores y el propio Estado.

Europa también pide en este último punto un estudio de sostenibilidad fiscal «a medio y largo plazo». Y el consenso es clave para sacar adelante todo este trabajo. «La responsabilidad de cumplir con las reformas es del Gobierno; una cosa es plasmar los objetivos y otra es cómo conseguirlo», advierten no obstante fuentes de la oposición consultadas.

Recuerdan que Bruselas pasará revista seis veces al año a la marcha de los hitos. Y habrá un control más estricto dos veces al año. Pero la vigilancia más severa llegará a los 18 meses de la ejecución de cada tramo. Si los proyectos no han funcionado, habrá problemas con los siguientes pagos. Para casos más extremos, como un posible cambio de Gobierno, los reglamentos sí contemplan la posibilidad de que se revierta una reforma reabriendo una negociación con la UE de manera automática. Pero eso retrasaría la llegada de los fondos.

En España, el PP también ha articulado una herramienta interna para que sus diputados responsables de cada ramo controlen la ejecución de las ayudas. Las preguntas y peticiones de comparecencias parlamentarias están aseguradas en los próximos meses por esta vía.

Aunque el Gobierno confía en cumplir sus compromisos, una de las grandes dudas de la Comisión tiene que ver precisamente con las dificultades que puede encontrar el Ejecutivo en un Congreso dividido. Sánchez cuentan a su favor con que la oposición sabe que, sin su visto bueno, el bloqueo de los fondos puede ser una realidad. Es decir, tendrían que 'cargar con la culpa' de un posible bloqueo si las reformas no se aprueban.

Con este telón de fondo, la indignación es notable en algunos grupos políticos, que reprueban que el Ejecutivo haya elaborado el plan «en solitario». Es más, critican que el 'plan de país' defendido por Sánchez se ha quedado en un 'plan de partido' y advierten del fuerte malestar que también existe en las comunidades autónomas, «incluidas las gobernadas por el PSOE, aunque no lo digan».

Consciente de ello, el presidente del Gobierno ha anunciado esta semana que en julio convocará a los presidentes autonómicos. Un paso en la dirección correcta pero que, para muchos, llega demasiado tarde con el Plan ya en marcha.