España asume el 8% de recorte en las capturas de merluza para 2022

El nuevo rango es sensiblemente mejor del que estaba inicialmente encima de la mesa (la Comisión Europea había propuesto un -18,5% o, lo que es lo mismo, hasta las 6.787 toneladas) y de la 'corrección' introducida por la presidencia eslovena del Consejo, que se situaba en el 12%. Pero no colma la pretensión de España, que también verá reducidas las opciones de pesca del lenguado en un 5%.

La pelea del Ministerio de Agricultura y Pesca que dirige Luis Planas ha estado en conseguir «mejores resultados» en relación con las propuestas para la merluza sur, clave para una flota de 1.200 buques en aguas del Cantábrico y del Atlántico. España ha insistido en que la situación biológica del 'stock', de acuerdo con distintos informes científicos, no justificaba una reducción de sus posibilidades de pesca. Una idea que Planas venía subrayando desde el primer día: «hace falta progresar en el conocimiento científico para saber exactamente de qué 'stocks' se dispone», precisaba. La propuesta final de captura para la UE con esta especie se establece en 7.836 toneladas, de las que 5.014 corresponderá a España.

La merluza sur fue uno de los principales caballos de batalla de la delegación española que sí acogió con satisfacción como el lunes se revertía el plan diseñado por el Ejecutivo comunitario con el jurel (otra de sus prioridades de esta negociación). Se partía de un -16% de capturas y finalmente se conseguirá incrementar esta actividad en un 12% a lo largo del próximo año. En total, 137.277 toneladas en aguas comunitarias, lo que supone 35.516 para las españolas.

Además de la fuerte oposición de España y otros países como Francia y Portugal al recorte del 18,5% que la Comisión Europea proponía en los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para la merluza sur y otras especies, el otro gran frente estaba en la idea de Bruselas de rebajar un 7,5% los días de trabajo en el Mediterráneo bajo el argumento de la sostenibilidad. Y aquí España mantuvo su oposición al Reglamento por no tener en cuenta su impacto económico y social en el sector.

El 'no' se mantuvo hasta el final. De hecho salió adelante con el rechazo de España, que perseguía el objetivo de que la Comisión Europea tuviera en cuenta los potenciales efectos y elaborase una suerte de informe acorde con ellos. Pero tampoco esto parece que se logró en las interminables horas de negociación.

La exigencia de una base científica documentada que sostuviera el «equilibrio entre el mantenimiento de los recursos biológicos y la sostenibilidad empresarial, económica y social de armadores y pescadores» se quedó, en este punto, en el aire. «El resultado ha sido muy positivo por una parte, y menos por otra. Como sucede en todas las negociaciones», planteaba el máximo responsable de Agricultura y Pesca.