Escrivá ultima una reforma para cubrir con trabajadores extranjeros la falta de personal

Así lo explicó el ministro del ramo, José Luis Escrivá, durante el balance de los primeros seis meses de la reforma del reglamento de Extranjería que entró en vigor en octubre de 2021. «Hay muchos aspectos del reglamento que se pueden mejorar, pero aún estamos en proceso de interacción dentro de los órganos colegiados del Gobierno», indicó Éscrivá durante su intervención.

Es decir, las posibles modificaciones no serán inmediatas. Fuentes del Ministerio confirman que el borrador pretende reformar algunas medidas actuales y crear figuras nuevas. Recuerdan que ya existía un «compromiso desde el inicio de la legislatura» para ello. «Nuestra normativa actual no es suficientemente ágil para responder a los cuellos de botella que se producen en el mercado laboral y genera procedimientos muy burocratizados y complejos», aseguran.

Aunque el borrador está en una fase muy inicial del procedimiento normativo, entre las ideas que baraja el Ejecutivo está la de regularizar a los migrantes que se formen en aquellos sectores en los que falta mano de obra, así como permitir trabajar a los estudiantes internacionales para favorecer que, una vez terminada su formación, puedan permanecer en España.

El impacto económico mediante la formación resultaría prácticamente inmediato. Según un reciente estudio del ICEX, un total de 1.044.898 internacionales se matricularon en instituciones españolas en el curso académico 2018-2019 (últimos datos disponibles, antes de la pandemia). «Determinamos que su impacto económico global en la economía española asciende a 3.795.740.732 euros y que el efecto multiplicador del gasto de los estudiantes es de 2,27», indican desde la institución. Es decir, por cada euro gastado en su programa académico, estos estudiantes internacionales gastaron 1,27 euros adicionales en una amplia gama de sectores de la economía española.

Del mismo modo, y según adelantaba este viernes 'El País', el decreto que prepara el Gobierno también prevé cambios en los tipos de arraigo si se percibe durante un año el ingreso mínimo vital o si se acredita una actividad laboral legal de al menos seis meses para los extranjeros que lleven dos años en España.

También se pretende modificar el modelo de contratación en origen que ahora solo permite contratar cuando no se encuentran perfiles dentro del denominado Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, limitado a muy pocas profesiones como deportistas y entrenadores profesionales, cocineros y camareros de barco, bomberos de buque o frigoristas navales.

Otra de las ideas es ampliar el modelo de los 'temporeros' a otros sectores como la construcción, pero mejorando sus condiciones para evitar que, tras terminar su trabajo, se queden de forma irregular en el país. El Ejecutivo trabaja con la posibilidad de ofrecer, entre otros, permisos de cuatro años en vez de por temporada y, si el trabajador regresa a su país al finalizar su periodo de contratación, podría renovar por otros cuatro.

Del mismo modo, el Ejecutivo abre la puerta a que los trabajadores que denuncien empleos irregulares puedan ser recompensados con el permiso sin necesidad de acreditar una estancia mínima en España.

Seguridad Social también ha aprovechado la reciente reforma del reglamento para favorecer la incorporación de jóvenes tutelados al mercado laboral. En concreto, y en solo seis meses de vida de la norma, cuatro de cada cinco ya tiene autorización para trabajar siendo agricultura, pero también hostelería, manufacturas y construcción, los sectores más beneficiados.

Instituciones como el Banco de España llevan meses alertando de que la reactivación de la oferta laboral registrada tras la pandemia «ha quedado circunscrita a los trabajadores nacionales». De hecho, tal y como indica el supervisor en un reciente informe, «los flujos migratorios con el exterior están mostrando una recuperación considerablemente más lenta, con lo que se ha abierto una notable brecha con respecto a la tendencia precrisis».

Algo que ha impactado, sobre todo, en la escasez de mano de obra «señalada con mayor frecuencia como un factor limitativo de la actividad económica en ramas caracterizadas por un mayor peso del empleo extranjero, como la hostelería y la construcción».

Es cierto que los inmigrantes que ya trabajan en España han seguido aumentando en los últimos meses hasta alcanzar un máximo de 2,426 millones de afiliados en mayo. Pero en España no existen cifras oficiales sobre el número de extranjeros en situación irregular.