Escrivá recuerda que los cambios en pensiones ya estaban acordados con Bruselas

Escrivá ha explicado que en las recomendaciones del Pacto de Toledo se pidió que se tuvieran en cuenta en el sistema de cómputo de las pensiones las nuevas realidades del mercado laboral y la existencia de «carreras más volátiles», donde los últimos años de cotización no siempre son los mejores. Hasta la anterior crisis, lo habitual era que en los últimos años de vida laboral, los trabajadores elevaran sus cotizaciones, lo que a la vez impulsaba sus prestaciones. Sin embargo, cada vez hay más 'lagunas', esto es, periodos de desempleo e incluso ERE, que merman esos últimos años previos a la jubilación.

Escrivá ha indicado que su departamento estima que «para el 30% de los trabajadores sus últimos años no son los mejores». Y ha añadido que el sistema actual está pensado para «carreras lineales», donde teóricamente uno va mejorando sus cotizaciones según va cumpliendo años. «Ahora ya no es así y tenemos que hacer un sistema más equitativo y eso lo haremos con los agentes sociales en 2022. En algunos casos, habrá que valorar extender el periodo de cálculo, pero no necesariamente, se podría hacer un sistema para elegir los mejores años cotizados», ha afirmado el ministro, para insistir en que «no hay nada nuevo».

España se ha comprometido ante la UE a alargar el periodo de cálculo de las pensiones antes de que termine 2022 para seguir desembolsando fondos europeos. Tendrá que fijar el nuevo periodo de cálculo de las cotizaciones para que entre en vigor en 2023. La medida ya se encontraba reflejada en el Plan de Recuperación presentado en mayo. Entonces se incluyó una referencia más genérica a ese propósito, al anunciar ante Bruselas la «adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación». La cuestión no era baladí, porque la ambigüedad en este compromiso llegaba meses después de la polémica desatada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al plantear a principios de año la posibilidad de alargar a 35 años el periodo que el sistema público tendría en cuenta para calcular el importe de la pensión, desde los 24 años actuales (25 en 2022). El propio Escrivá admitía que esta medida tendría un impacto en las prestaciones, ya que al contabilizar más años, era probable incluir más 'lagunas', esto es, periodos en desempleo o en los que el trabajador no haya cotizado lo suficiente.

Ante esta realidad, el ministro ha negado «rotundamente» que valorar la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones para determinadas carreras profesionales tenga como objetivo reducir el gasto en pensiones, ya que lo que se persigue es hacer el sistema «más equitativo» y mejorar la situación de los trabajadores a los que sus últimos años cotizados «no les favorece» de cara al cálculo de su pensión.

El ministro ha asegurado además que «no ve problemas ni le preocupa» que puedan surgir problemas en el Gobierno de coalición a propósito de esta materia, pues se trata de una medida contemplada en el Plan de Recuperación que «ha asumido todo el Gobierno», que está hablada «desde hace tiempo» y que a Bruselas «le ha parecido estupenda».

Sobre el mecanismo de equidad intergeneracional que se está «ultimando» con los agentes sociales, Escrivá ha insistido en que se trata de sustituir el llamado factor de sostenibilidad, que estaba «muy mal diseñado» y que perjudicaba «particularmente» a los jóvenes, pues recortaba la pensión de entrada hasta un 20% a medida que aumentaba la edad de jubilación. El ministro ha señalado que el mecanismo de equidad intergeneracional es un «mecanismo contingente, de muy pequeño tamaño», que es «razonable» tener para que actúe como «colchón y válvula de seguridad» de las pensiones. «La semana que viene lo contaremos», ha apuntado Escrivá. Se trata de un incremento del 0,6% en las cotizaciones por empleado (0,4 puntos a costa de la empresa y 0,2 para el trabajador).

El acuerdo que firmaron el Gobierno y los agentes sociales para dar forma a la primera pata de la reforma de pensiones, que actualmente se está tramitando en el Congreso, incluía el compromiso de tener diseñado el mecanismo de equidad intergeneracional el 15 de noviembre como máximo, por lo que apenas quedan cuatro días para pactarlo con sindicatos y empresarios.