La escalada de precios y sueldos marcará un curso económico de sobresaltos

Tras aprobar el primer paquete de medidas para amortiguar los efectos de la guerra en Ucrania y de la ya por entonces galopante inflación de marzo, el Gobierno esperaba que abril se convirtiera en el mes del «punto de inflexión». Es decir, el momento en el que la inflación podría ir moderando sus ascensos frente al 9,8% registrado aquel mes. Abril dio un respiro, con el 8,3%. Pero finalmente fue solo un espejismo. Desde entonces, los precios no han parado de incrementarse en tasa interanual hasta superar ampliamente el 10% de agosto. ¿Hasta cuándo?Nadie lo sabe. Existen «señales», tal y como destacan en el Ministerio de Economía. Signos que apuntan a un descenso de precios como el de las materias primas de metales en los mercados internacionales, así como el de numerosos productos agrícolas, cuyo coste se desbordó nada más comenzar la invasión rusa. También cae el coste del transporte marítimo, completamente tensionado en la primera mitad del año. Y se van deshaciendo algunos cuellos de botella de materiales como los microchips para los automóviles. Pero muy poco a poco.

El petróleo también configura una parte de esos precios que se moderan. Después de rebasar la barrera de los 120 dólares por barril de Brent durante los primeros días de la guerra, el crudo cotiza ahora en los 90 por el temor a la recesión. Justo al comenzar el verano volvió a repuntar y llevó a que el precio de los carburantes se situara muy por encima de los dos euros por litro. Incluso se especuló con la posibilidad de que llegara a los tres euros por litro, cifra inédita en España. No fue así. El petróleo se ha ido relajando en las últimas semanas de verano –no sin sus correspondientes altibajos–, siempre pendiente de las decisiones del cartel de la OPEP, los productores mundiales crudo. Septiembre ha comenzado con su precio por debajo de los 100 dólares. Buena señal para la inflación. Pero mientras el precio de la gasolina sigue cayendo (1,75 euros por litro), el del diésel se ha disparado hasta por encima de los 1,90 euros. ¿La razón?Buena parte del gasóleo consumido en Europa procede de Rusia. Y las refinerías no dan más de sí.

La electricidad tampoco da tregua. A pesar del tope ibérico, que evita una subida un 15% superior de la luz, los costes siguen disparados. El precio del gas en el mercado internacional sufre la tensión de Rusia y ha llegado a superar los 340 euros/Mwh en agosto. Hace un año cotizaba a 30. Casi diez veces menos.

El problema para familias y empresas es que ese indicio que supuso la energía ya se ha trasladado a toda la cesta de la compra. La inflación subyacente, sin esos productos energéticos ni alimentos no elaborados, supera ampliamente el 6% y no da signos de tregua. Es el peor impuesto posible para las familias y las empresas, que ven cómo su poder adquisitivo se ve mermado de forma drástica. Atajar esta situación será uno de los retos del Ejecutivo antes de fin de año.

Los tres agentes del diálogo social (Gobierno, sindicatos y empresarios) han asumido que los sueldos de los trabajadores tienen que incrementarse para no quedarse atrás frente a la inflación. La duda es en qué medida deben hacerlo. ¿Un 10%, el ritmo al que suben los precios hasta ahora?¿Un 5%?¿Algunas décimas? Las partes tienen pendiente negociar el pacto de rentas al que aluden todos habitualmente, pero sobre el que ninguno se pronuncia de forma clara. Seguramente para no enturbiar la propia negociación. Hasta ahora, solo hay un dato objetivo encima de la mesa: el 2,6% de subida pactado en los convenios colectivos hasta la fecha.

El resultado final de ese alza dependerá en buena medida de lo que el Ejecutivo decida hacer con dos variables:el sueldo de los funcionarios y el salario mínimo interprofesional (SMI). La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, explicaba recientemente que la subida del sector público debe evitar una espiral inflacionista. Sugería así un incremento que no tiene por qué acercarse a la horquilla alta de la inflación, por encima del 7% o el 8%. Las próximas semanas serán clave. También para el SMI. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, esperará las consideraciones del comité de expertos y confía en que sea «lo más consensuada posible». El compromiso del Gobierno es elevar el salario mínimo hasta 1.050 euros, unos 50 euros más que ahora, para alcanzar el 60% del salario medio.

Las cuentas públicas del Estado constituyen la piedra angular de cualquier acción de gobierno. También en este caso, habida cuenta de que el próximo año viene repleto de citas electorales. Hacienda, que ya está preparando el borrador, tiene que moverse a varias bandas. Por una parte, con unas previsiones económicas inferiores a las de este año (el crecimiento del PIB no será superior en ningún caso al 3%), una merma, por tanto, de los ingresos tributarios por la menor actividad; el mayor gasto para los planes millonarios de apoyo frente a los efectos de la inflación. Y todo eso bajo el compromiso de seguir reduciendo el déficit público y la deuda. Sin contar con la complejidad parlamentaria para obtener el apoyo de los socios habituales en el Congreso para avalar los Presupuestos.