La energía dispara la tensión entre los socios de Gobierno

A cambio, y para compensar la pérdida recaudatoria, la idea pasaría por incrementar otros tributos como el IRPFa los tramos más altos o el impuesto mínimo de Sociedades al 15% apoyado por el G-7 y la OCDE. Pero la principal propuesta al PSOE pasa por acelerar la fiscalidad verde, haciendo que paguen más las actividades que más contaminan.

El partido se apoya en datos que también avalan otros expertos como el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). «España ocupa la posición 25 en los impuestos ambientales, solo por delante de Irlanda y Luxemburgo». Respecto al IVA energético, estos expertos indican, además, que «solo ocho países tienen tipos reducidos para el consumo de electricidad y, de ellos, solo Malta exige el consumo de la electricidad al tipo superreducido».

Frente a las presiones de la formación morada, y también de la oposición, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado esta misma semana de «prematuro» comentar ahora la fiscalidad de la energía. Además, todas las partes son conscientes de que la rebaja del IVA ayuda, pero no será suficiente para frenar la espiral alcista de precios en la que estamos inmersos.

Aunque es cierto que este sábado los precios del megawatio se desplomaron un 32,5% hasta los 65,64 euros, los expertos coinciden en que el bajón es puntual y apenas tendrá impacto en el recibo.

De hecho, y tras cerrar julio en un nuevo máximo, 2021 es ya el año más caro de la historia respecto a la factura de la luz. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), el precio del gas supera desde hace semanas los 40 euros, y los del CO2 siguen en máximos. El problema es que los mercados de futuros anticipan que el resto del año la tendencia seguirá al alza.

El Gobierno ha dado un paso en este sentido al aprobar esta semana la norma que limitará los denominados 'beneficios caídos del cielo' que permiten a las eléctricas repercutir en el consumidor costes que en realidad no han tenido al generar electricidad. Sin embargo, la medida aún tiene que pasar por el Congreso, con lo que su efecto no se dejará notar en los próximos recibos.

En este escenario, Podemos ha reactivado el debate sobre una energética pública. Es cierto que esta es una reclamación histórica de la formación. Pero fuentes consultadas indican que las exigencias habrían tomado un renovado impulso estos días tras el recelo que ha generado el visto bueno del Gobierno a la operación por la que el fondo australiano IFMse intentará hacer con un 22,7%de Naturgy.

Esta sería la enésima entrada de un gran inversor foráneo en el capital de una empresa estratégica nacional. Y, en este caso, clave para desarrollar el Plan de Recuperación que da acceso a los fondos europeos, que tiene en la transición energética uno de sus pilares. Por eso, el movimiento no ha sentado nada bien en las filas de Podemos.

En el partido no entienden cómo se prefiere dar una buena parte del pastel de la energía española a inversores extranjeros en vez de favorecer la creación de una empresa pública como en otros países, con el fin de quedarse con la explotación de las hidroeléctricas cuyas concesiones caduquen y con un papel protagonista en la instalación de renovables. En este punto, también se apoyan en la experiencia internacional.

La OCDE apunta a que 32 de las 50 mayores eléctricas del mundo tienen participación pública, destacando el positivo papel de estas compañías en la transición energética y la generación de renovables que, al fin y al cabo, es la energía que puede abaratar el recibo.

La presencia pública en el sector energético no se limita a países como Venezuela, México o China. En EE UUopera TVA desde 1933. En Canadá, Hydro-Quebec es propiedad del Estado al cien por cien, mientras que en Francia se encuentran nombres como EDF o Engie, por no mencionar Enel, propietario de un 70% de Endesa y cuyo principal accionista es el Estado italiano.

En Holanda, más de 40 ayuntamientos se reparten el capital de Eneco. En España, sin embargo, la presencia pública en el sector se limita al 20% que la SEPI mantiene en REE. Los fondos internacionales son los que predominan en el capital de los gigantes energéticos del país.