La UE quiere que los ayuntamientos compitan con las eléctricas desde 2021

Precisamente España es uno de los países donde la implementación del llamado «paquete de invierno», aprobado el pasado 24 de diciembre y centrado en las energías limpias, conllevará más cambios. Antes de finales de este año debe haber modificado la legislación –son dos directivas sobre fomento del uso de fuentes renovables y eficiencia energética, junto a un reglamento–, pese a que el Ejecutivo sigue en funciones, para adaptar el sistema de ayudas a la generación eléctrica y a los grandes consumidores, entre otras cosas.

En juego está el diseño del mercado interior de la electricidad, donde se reconoce el derecho de los ciudadanos a constituir comunidades que puedan gestionar la energía en interés propio, esto es, no solo como usuarios sino también como posibles comercializadores. Así, la UE impone que «puedan acceder a todos los mercados organizados directamente o a través de la agregación de forma no discriminatoria».

Eso supone que podrían llegar a competir directamente con las eléctricas incluso en el segmento mayorista. El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) –dependiente del Ministerio de Ribera– ya ha acordado con el operador del mercado eléctrico OMIE desarrollar mercados locales de electricidad totalmente abiertos, para lo cual se distribuirán por zonas geográficas y climatológicas (se piensa en alrededor de media docena) y se contará con financiación de fondos europeos para promover su desarrolla y potenciar las soluciones innovadoras.

La UE da así mayor protagonismo a los pequeños productores a través de esas «comunidades ciudadanas». El objetivo a medio y largo plazo es municipalizar las redes de baja tensión, para lo cual además de proteger legalmente el autoconsumo se promoverá que los ayuntamientos formen parte de aquellas. Se constituirán como entidades jurídicas, donde también pueden estar personas físicas y pequeñas empresas.

Los especialistas europeos estiman que promoviendo esa presencia «voluntaria y abierta» de más actores en el mercado eléctrico, aunque sea a menor escala, se facilitará el cumplimiento del objetivo comunitario de que en el horizonte de 2030 al menos un tercio del consumo eléctrico en la UE (en concreto, el 32,5%) sea de procedencia verde, aunque ese nivel probablemente se revise al alza en 2023.

Se pretende, al menos sobre el papel, que el cliente también pueda ser un sujeto «activo», no solo produciendo la energía que utiliza a través de fuentes renovables (con mayor frecuencia paneles solares) sino pudiéndola vender o almacenar, para lo cual desde Bruselas exigen que puedan tener «conexión a la red en un plazo razonable». Y todo esto debería estar ya recogido en el ordenamiento legal de todos los Estados de la UE antes de 2021 o, de lo contrario, se enfrentarían a multas importantes.