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CLARA ALBA
Madrid
Martes, 15 de junio 2021, 14:01
El escándalo por el rescate de la aerolínea Plus Ultra suma un nuevo capítulo. El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia que Ciudadanos interpuso para investigar si hubo o no responsabilidad contable y menoscabo de fondos públicos en la decisión de 'salvar' ... a la compañía con 53 millones de euros (34 a través de un préstamo participativo y el resto como crédito ordinario) procedentes del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Así lo ha comunicado el órgano fiscalizador a la formación 'naranja', tras la denuncia presentada por la presidenta del partido, Inés Arrimadas, su portavoz adjunto en el Congreso Edmundo Bal y su eurodiputado Luis Garicano el pasado 7 de junio.
Poco después de conocer la noticia, Arrimadas publicaba un mensaje en su cuenta de Twitter en el que calificaba como «una gran noticia» la decisión del Tribunal. «No pararemos hasta que se conozca todo lo que hay detrás de este grave escándalo y se depuren responsabilidades», asegura en la red social.
El Tribunal inicia así la investigación con la apertura de la «correspondiente pieza de Acción Pública» y designará a un instructor en su Sección de Enjuiciamiento. «Desde Ciudadanos celebramos que la denuncia por este caso siga adelante y esperamos que el Tribunal de Cuentas sea quien aprecie la presunta existencia de infracciones contables, así como a los responsables, es decir: qué cuantía de dinero se ha desviado con este escándalo y quienes son los responsables, así como que ese dinero sea devuelto a las arcas públicas», indica la formación en un comunicado.
La decisión supone un nuevo frente abierto en este polémico rescate aprobado el pasado 7 de marzo en Consejo de Ministros, después de que la Comisión Europea haya pedido explicaciones al Gobierno tras una denuncia del eurodiputado Garicano, que siempre ha defendido que Plus Ultra no cumplía con ninguna de las dos condiciones básicas para acceder al fondo: ser una empresa estratégica y presentar un balance saneado antes del cierre de 2019 (antes del estallido de la pandemia).
Para el primer punto, los partidos de la oposición defienden su baja cuota de mercado, de apenas el 0,1% y solo dos aviones en activo. Para el segundo, recuerdan que desde el inicio de sus operaciones en 2015 los números rojos han estado presente en las cuentas de la compañía.
De momento, Bruselas sigue investigando el caso, que tiene también otras causas abiertas como la denuncia de Manos Limpias por posible malversación de fondos de la SEPI, responsable de gestionar los 10.000 millones del llamado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Desde el Gobierno siempre han defendido la importancia de la aerolínea para el aeropuerto de Barajas como un potente hub que ejerza de entrada a América. Pero desde el Ministerio de Transportes, y ante la polémica generada, se han desmarcado siempre de la decisión del rescate. Incluso a pesar de que la propia SEPI dio una importancia clave a dos informes que salieron del departamento a cargo de José Luis Ábalos para dar luz verde a la operación.
Este mismo martes, la secretaria de Estado del ramo, María José Rallo, ha insistido en el Congreso en que el Ministerio no participa en el consejo rector del fondo, defendiendo que la Agencia Española de Seguridad Aérea no opinó en ningún momento si había que ayudar o no a Plus Ultra, sino si la situación de la compañía, en términos financieros, es suficientemente sólida como para garantizar la seguridad en sus vuelos.
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