Tres meses más para evitar una avalancha de concursos de acreedores

Sin los avales del ICO y otras medidas, el 36% de las empresas habría sido incapaz de hacer frente a sus deudas, según el Banco Central Europeo. En los últimos días, el Gobierno ha extendido el periodo de concesión de avales, el de devolución de los créditos y el de carencia. Además, las compañías no están obligadas a presentar el concurso voluntario y el juez no ha de admitir las solicitudes de los acreedores hasta el 14 marzo, lo que supone una prórroga frente al plazo inicial, que acababa el 31 de diciembre.

Las medidas buscan preservar el tejido productivo. Se da oxígeno a las empresas con recursos y flexibilización de obligaciones. Y se le da más plazo a la Administración para que mejore la legislación sobre concursos e insolvencias, y a las compañías para que se repiensen y se redimensionen.

El tiempo apremia. Ya en el tercer trimestre han aumentado los concursos de acreedores (no hay obligación de presentarlos, pero pueden solicitarse). Casi la mitad de ellos afectan al tramo más bajo de volumen de negocio (hasta los 250.000 euros), sobre todo al comercio y a la hostelería y a firmas con hasta seis asalariados.

Desde Iberinform han detectado que la pandemia está siendo demoledora para las empresas que entraron en 2020 en su tercer año de vida: «Es el momento en el que el capital inicial se agota y la cuenta de resultados tiene que empezar a cuadrar». Su tasa de mortalidad ha subido hasta el 19% desde el 14% de hace un año.

«El mejor sitio para resolver una insolvencia es el juzgado y el concurso de acreedores», afirma Juan Carlos Robles, presidente del Registro de Economistas Forenses (REFOR). Eso dice la teoría, aclara. En la práctica, los concursos han fracasado como herramienta que favorezca la supervivencia empresarial: «Estos procesos no deberían acabar en liquidaciones de compañías; el sistema falla». Ángel Martín, socio responsable global de Financial Restructuring de KPMG y de Restructuring en España, añade que, cuando sí se supera el concurso, volver a la situación normal no es sencillo: la firma sufre un estigma.

La cuestión, por tanto, pasa por evitar el concurso y emplear procedimientos de preinsolvencia que, si bien están ya previstos en el marco jurídico español, se encuentran recogidos en una directiva comunitaria en cuya trasposición trabajan los técnicos del Ministerio de Justicia para que esté lista antes de julio de 2021.

Estos mecanismos pueden ser acuerdos de reestructuración con los acreedores; arreglos con los proveedores; o con los arrendadores. Después, como apunta Martín, pueden llevarse a un juzgado, para que las condiciones queden blindadas. No hay que pasar por alto que el proceso puede toparse con la dificultad de una deuda en la que los acreedores son cada vez más los mercados y menos los bancos, cuando es más fácil negociar con los segundos, por el trato cotidiano que se suele establecer, que con los primeros.

Robles destaca otros dos elementos de la directiva europea que ayudarían a que no hubiera una avalancha de concursos tras la moratoria. En primer lugar, la figura del administrador profesional para gestionar la reestructuración. Determinaría si la empresa es viable -y elaboraría un plan de viabilidad-, o no. Si se tratara de este último caso, desarrollaría un concurso exprés para que los activos no pierdan valor y los acreedores recuperen lo máximo posible. En segundo lugar, sistemas de alerta temprana de los problemas de una empresa para actuar cuanto antes.

Otra cuestión pasa por si en los acuerdos extrajudiciales se deberían incluir las deudas con Hacienda o la Seguridad Social y que el sector público pueda favorecer rápidos acuerdos de reestructuración. El Gobierno, en la reforma de los procesos concursales y en la trasposición de la norma comunitaria, estudia reducir la prevalencia de la que goza la deuda con la Administración, tal como aconsejan el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional.