Tres fondos renuncian a pleitear contra España por el recorte a renovables

Fue la sociedad Masdar Solar & Wind Cooperatief la que se convirtió en la primera firma en presentar formalmente su renuncia a percibir la indemnización que le había sido reconocida por un laudo contra España (80 millones de euros) al optar por la alternativa que el Gobierno les ha puesto sobre la mesa.

En el caso del laudo de The PV Investors han comunicado la voluntad de acogerse al régimen de remuneración más elevada previsto en el decreto impulsado por el departamento que dirige Teresa Ribera. El importe total que España tenía que pagar ascendía a 91,1 millones, el 5% de lo que los demandantes solicitaron al inicio del arbitraje, una cifra que superaba los 1.900 millones.

El de PV Investors fue el primer caso presentado en virtud del Tratado sobre la Carta de Energía en contra de España en relación con la reforma energética española de los años 2010 a 2014, si bien el laudo se dictó tras más de ocho años de procedimiento y después de que se hubieran dictado 18 laudos de distintos tribunales relacionados con el mismo asunto. La resolución del laudo supuso un éxito para España, dado que sus tesis fueron ratificadas.

También han comunicado su voluntad de renunciar algunos de los demandantes del laudo RREEF, en el que se condenó al Reino de España al pago de 59 millones de euros, cantidad muy inferior a la inicialmente pedida, que ascendía a 441 millones. En este caso, la renuncia se refiere al cobro de 1,1 millones.

Y los demandantes del laudo Stadwerke, dictado íntegramente a favor de España, también han manifestado su intención de terminar anticipadamente el procedimiento de anulación en el arbitraje y la renuncia fehaciente a su reinicio o continuación.

En noviembre del año pasado, el Gobierno aprobó un decreto ley para fijar un marco retributivo estable en las instalaciones afectadas por el 'hachazo' a las renovables en legislaturas anteriores y tratar así de poner fin a los litigios abiertos.

El plazo para solicitar esas renuncias se ha visto ampliado hasta el 18 de diciembre, debido al estado de alarma. Desde el Gobierno confían en que haya nuevas renuncias hasta entonces.

Los procesos arbitrales abiertos suman un total de 48, estando 29 de ellos pendientes de resolución del arbitraje, lo que supone una amenaza para España del abono de multas millonarias.