El TJUE concluye que Irlanda dio a Apple ayudas ilegales y obliga a compañía a devolver 13.000 millones de euros

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha destacado que la sentencia de este martes supone «una gran victoria para los ciudadanos europeos y la justicia fiscal». Vestager ha incidido en que los acuerdos de ciertos países con multinacionales para rebajar impuestos «estaban dirigidos a hacer estos países más atractivos para las grandes compañías, dañando a otras enpresas europeas y al resto de Estados miembros».

El caso contra Apple se remonta a agosto de 2016, cuando Bruselas concluyó que Irlanda había concedido ventajas fiscales ilegales a dos sociedades de la tecnológica, al reducir progresivamente su tipo impositivo de sociedades del 1% sobre sus beneficios al 0,05%. La Comisión Europea denunció entonces ante la Justicia Europea que Apple se había beneficiado de un tratamiento fiscal selectivo. El Tribunal General (TGUE) resolvió el caso en 2020 y eximió al gigante tecnológico de devolver los 13.000 millones de euros a Irlanda, un fallo que el Ejecutivo comunitario recurrió y que el TJUE ha resuelto finalmente este martes.

La sentencia concluye que las sedes centrales de las sociedades beneficiadas por estas ayudas, solo existían sobre el papel, que «estaban situadas fuera de Irlanda» y que dependían de las decisiones adoptadas a nivel del grupo Apple en Estados Unidos. Por ello, considera que las decisiones fiscales anticipadas concedidas entre 1991 y 2014 son «una ayuda de Estado ilegal e incompatible con el mercado interior» de la que se benefició el grupo Apple en su conjunto.

Los magistrados señalan que el TGUE se equivocó al declarar que la línea de razonamiento principal de la Comisión se basaba en apreciaciones erróneas acerca de la tributación normal. Tras anular esta sentencia, el TJUE confirma el enfoque de la Comisión, según el cual la tributación de las sociedades no residentes «no debían compararse con actividades de otras sociedades del grupo Apple, sino con las de otras entidades de dichas sociedades, en particular sus sedes centrales situadas fuera de Irlanda».

Este mismo martes, el TJUE ha desestimado el recurso de la matriz de Google (Alphabet) a la multa de 2.400 millones que le impuso la Comisión Europea en 2017 por abusar de su posición dominante en el mercado y favorecer su propio servicio de comparación de productos. El alto tribunal asegura que el Derecho de la Unión no prohíbe la existencia de una posición dominante, pero sí castiga «su explotación abusiva». Destaca, de este modo, que el TGUE determinó correctamente que en función de las características del mercado «el comportamiento de Google era discriminatorio y no correspondía a la competencia basada en los méritos».