La operadora estatal de Arabia Saudí STC ya tiene un 9,9% de Telefónica. Aunque el Gobierno dio la autorización -tras un año de análisis- hace dos meses, a la compañía le faltaba una fase final con los reguladores de Luxemburgo que ya han logrado. ... De esta forma, la compañía árabe ha comunicado a la SEC (la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos) que ya controla el 9,97% de la operadora española y que buscará entrar en el consejo de administración que desde el pasado sábado preside Marc Murtra tras la sustitución de José María Álvarez-Pallete.
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STC se sitúa así como el segundo accionista con más derechos de voto, solo por detrás del Estado a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)
En un comunicado remitido a la SEC, la operadora saudí confirma su disposición para hablar con Telefónica y lograr un asiento en el consejo, además de asegurar que solo tiene fines de inversión en Telefónica y que este 9,9% será su participación final, que no pretenden comprar más paquetes de acciones en el futuro. «Tras la adquisición de las acciones ordinarias de conformidad con el acuerdo contingente de compra de Acciones, Luxco (la sociedad que canaliza la inversión de Saudi Telecom) tiene previsto entablar conversaciones con Telefónica para solicitar un puesto en el consejo de administración», indica el grupo árabe en el comunicado.
Esta es la primera vez que STC comunica a la operadora española de forma oficial su intención de nombrar un representante en el consejo y que iniciará conversaciones para lograrlo. En sus explicaciones, STC indica que ha adquirido los valores de Telefónica «con fines de inversión». Las sociedades de su grupo «tienen la intención de evaluar esta inversión en el emisor de forma continua y pueden tomar las medidas que consideren oportunas con respecto a su inversión en el emisor», indica.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, hizo una primera declaración sobre esta novedad en una entrevista en TVE en la que aseguró que la incorporación de STC al capital de Telefónica está «completamente negociado» con su ministerio porque la operadora tiene un «papel clave de defensa nacional de los servicios de comunicaciones de las Fuerzas Armadas». «Se firmó un acuerdo con unas reglas clarísimas que suponen que en ningún caso la seguridad nacional puede verse afectada, ese fue uno de los compromisos para que el Consejo de Ministros diera su autorización», indicó Robles.
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