Cuatro años han pasado ya desde que en marzo de 2020 el presidente Pedro Sánchez decretara el estado de alarma para hacer frente a la pandemia y los 47 millones de españoles se quedaran confinados en sus casas y miles de negocios cerraran sus puertas ... a cal y canto. Los meses siguientes no fueron mucho mejor: la 'nueva normalidad' no llegó hasta el mes de junio y la recuperación económica completa no se ha conseguido hasta el último trimestre de 2023, cuando el PIB por fin ha recuperado el nivel prepandemia.
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Un bache económico que dejó en los huesos a decenas de importantes empresas españolas que tuvieron que pedir ayuda estatal para superar la crisis. El Gobierno creó en julio de 2020 el Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y adscrito al Ministerio de Hacienda.
A este fondo intentaron acceder 73 empresas hasta que finalizó el plazo en junio de 2022, que solicitaron ayudas por casi 5.400 millones de euros. Pero solo se aprobó el rescate público para 30 compañías por un total de 3.256 millones, el 60% del importe total solicitado, que se repartieron según el tamaño de la empresa y el agujero que la pandemia había generado en sus cuentas.
Sobre todo fueron rescatadas empresas del sector turístico o vinculadas a esta industria como aerolíneas, agencias de viajes, transporte o empresas de restauración. En concreto, Air Europa, ahora en el foco informativo por el 'caso Koldo', fue la compañía que mayor volumen de dinero público recibió para su rescate: 475 millones de euros, solo superada por Celsa, a quien el Estado inyectó 550 millones.
Le siguieron Técnicas Reunidas (340 millones), Ávoris (320 millones), Hotusa (241), Volotea (200), Duro Felguera (120), Tubos Reunidos (112,8), Air Nostrum (111), Wamos (85), Hesperia (55), Plus Ultra (53), Eurodivisas (45), Vivanta (40), Isastur (40), Grupo Julià (38), Losán (35), Imasa (35), Ferroatlántica (34,5), Airtificial (34), Grupo Serhs (34), Vicinay Marine (32), Meeting Point (31), Soho Boutique Hotels (30), Abba (30), Grupo Abades (29,3), Grupo Mediterránea (28), Reinosa Forgings & Castings (27), Rugui Steel (25), Blue Sea (25).
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¿Cuánto de este dinero se ha devuelto? Estas empresas rescatadas han devuelto solo el 13% del importe total a cierre de 2023. En concreto, según datos facilitados por la SEPI, el importe total de devoluciones al Fondo asciende a 430 millones. Solo seis compañías han devuelto parte de lo prestado, mientras que otras 24 siguen sin hacerlo, y de ellas, solo dos (Global Exchange y Ávoris) han cancelado el préstamo completo al devolver los 45 y 320 millones públicos, respectivamente, a la SEPI.
Hay otras tres que han devuelto parcialmente la ayuda: Wamos (8 de los 85 millones), Meeting Point (5,3 de los 31) y Hotusa (52 de los 241 millones prestados). Y por parte de Hoteles Blue Sea renunciaron finalmente al préstamo de 25 millones aprobado por la SEPI.
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64.300 millones extra
se gastaron las administraciones públicas en medidas para hacer frente a la pandemia solo durante el año 2020. Solo los ERTE costaron 20.000 millones al Estado aquel año, un mecanismo en el que llegaron a estar adscritas 3 millones de personas.
El calendario de pagos previsto hasta la finalización de la vigencia del Fondo tiene en cuenta la capacidad de recuperación de las empresas. Así, la SEPI calcula que será entre 2026 y 2029 cuando se produzca el grueso del reembolso de las ayudas concedidas. A día de hoy, por tanto, el rescate de empresas durante la pandemia deja una factura al Estado de 2.826 millones de euros, ya que solo se han recuperado 430 del desembolso inicial que superó los 3.250.
Pero esta factura no la engrosó solo el rescate a empresas, sino que el montante más importante vino del lado de las medidas sociales y laborales para que las familias hicieran frente a la crisis. El gasto total de las administraciones públicas en 2020 ascendió a 588.300 millones de euros, 64.000 millones más que en 2019 para apuntalar la sanidad o los ERTE, entre otras partidas.
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De hecho, los ERTE costaron a las arcas públicas más de 20.000 millones solo durante el año 2020, aunque el mecanismo creado 'ad hoc' para la pandemia estuvo vigente hasta 2022. En la primavera de aquel año más de 3 millones de trabajadores llegaron a estar adscritos a esta fórmula, según datos del Ministerio de Trabajo.
Unas ayudas que dispararon una deuda pública ya de por sí tensionada desde la crisis de 2008 y que permanecerá por encima del 100% del PIB durante varios años. De hecho, el Banco de España estima que la ratio de deuda sobre el PIB sea del 108% aún en 2026, el mismo nivel con el que cerró 2023. En diciembre de 2019, justo antes de que estallara la pandemia, la deuda pública era del 98% del PIB. El Gobierno había conseguido reducir la ratio tras varios años por encima del 100%, pero los paquetes de ayudas públicas dieron al traste con este logro y la deuda alcanzó el 126% del PIB en el primer trimestre de 2021, el nivel más alto de la serie histórica.
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A partir de ahí la ratio ha ido cayendo por el crecimiento del PIB, pero en volumen (millones de euros) no para de crecer. Actualmente la deuda pública ha alcanzado los 1,57 billones de euros, mientras que a cierre de 2019 marcaba 1,22 billones. Es decir, en cuatro años la deuda ha crecido en 352.000 millones de euros.
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