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Repsol ha visualizado un «cambio» tan considerable en el impuesto extraordinario que grava a las energéticas en España que el grupo ha puesto encima de la mesa un programa de inversiones de entre 16.000 y 19.000 millones de euros para los próximos ... cuatro años de las cuales un 60% irán a parar a sus negocios en la Península Ibérica. El anuncio llega después de meses de fricciones entre la compañía y el Gobierno a cuenta del gravamen sobre las energéticas y tras el amago de parar una parte de sus inversiones industriales y llevárselas al extranjero. Las acciones han respondido con un repunte superior al 5% en Bolsa.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha valorado «positivamente» lo que considera como un tratamiento «diferente» de esta política fiscal por parte del Ejecutivo, que incluirá bonificaciones fiscales a cambio de que las empresas que lo pagan realicen inversiones verdes. El ejecutivo ha insistido en que esta figura fiscal «discrimina» a las empresas que invierten en España frente a otras. Y les ha tenido «de manos atadas» a la hora de competir al tener que soportar este tributo. Por ello, y a la espera de la decisión final que tome Hacienda, ha apuntado que cree que «tienen una clara idea de que esto debe ser modificado».
Imaz había mantenido una postura muy crítica contra el Ejecutivo y, en concreto, con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, por su intención de prorrogar y hacer permanente el gravamen extraordinario por el que la compañía pagó el año pasado 450 millones de euros. «Nadie puede sostener que este sea un impuesto social», ha indicado, para referirse a la paralización de inversiones, empleo y actividad económica que conlleva.
Además, ha pedido «políticas más inteligentes» en materia europea sobre la descarbonización. No se trata de frenar este proceso, ha indicado Imaz, sino «más efectiva y más intensa» que consiga impulsar «el empleo industrial», una de las obsesiones empresariales del consejero delegado. «Tenemos que descarbonizar pero por la ruta más eficiente», ha expresado, al recordar que las emisiones mundiales de CO2 no se reducen porque el recorte que tiene Europa en este sentido se traslada a industrias de China u otras economías cuyos productos, además, tienen que ser transportados al continente europeo.
Así lo ha expresado durante la presentación del nuevo plan estratégico de Repsol 2024-2027 anticipa unas fuertes inversiones, que se suman a las realizadas ya en los dos últimos años, aunque vienen condicionadas por la estabilidad regulatoria. Esto es, porque el Gobierno no apriete con nuevos impuestos que puedan impactar en el negocio de la energética. La firma condiciona ese programa al escenario macroeconómico, la evolución de la tecnología y de la regulación, la madurez de los proyectos y el avance en la rotación de activos y las desinversiones previstas.
De toda esa cuantía, la Península Ibérica concentrará el 60% del total y Estados Unidos, el 25%. Por su parte, las iniciativas bajas en carbono representarán más del 35% de las inversiones totales. Para 2024, la inversión neta prevista se sitúa alrededor de los 5.000 millones de euros.
En el caso del plan estratégico presentado este jueves, Repsol ha fijado las prioridades y los objetivos para reforzar su crecimiento rentable, consolidar su apuesta multienergética, alcanzar sus objetivos de descarbonización para 2025 y 2030 y las cero emisiones netas en 2050. Una de las claves se encuentra en la evolución de los siete complejos industriales de la compañía en polos multienergéticos, activos que garantizan el suministro energético y apoyan el mantenimiento de más de 6.500 puestos de trabajo directos. Además, invertirá más de 2.000 millones en fabricar productos para la transición energética como los combustibles renovables, el hidrógeno renovable y el biometano.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha indicado que «mantendremos la misma estrategia que presentamos en nuestro plan anterior para afrontar la transición energética y apostaremos por todas las energías que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Estamos convencidos de que esta aproximación, en la que la descarbonización es una oportunidad atractiva para crear valor, crecer y ser rentables, es la más adecuada para nosotros».
Además, Repsol destinará entre el 25% y el 35% del flujo de caja de las operaciones a retribuir a sus accionistas, incluyendo dividendos y recompra de acciones. En consecuencia, la compañía podría llegar a distribuir hasta un máximo de 10.000 millones de euros entre sus más de 520.000 accionistas, en gran parte pequeños ahorradores que viven en España: distribuirá 4.600 millones de euros en dividendo en efectivo, cifra que podrá completar con hasta 5.400 millones en recompras de acciones, para alcanzar el rango del 25%-35% comprometido.
Para 2024, Repsol ha anunciado un incremento de aproximadamente un 30% del dividendo en efectivo, hasta 0,9 euros por acción, repartiendo 1.095 millones de euros. Para los siguientes tres años, el compromiso es incrementar un 3% anual esta cantidad total, hasta 1.197 millones de euros en 2027. Además, el consejo de administración aprobó ayer un programa de recompra de 35 millones de acciones, con la intención de amortizar 40 millones de acciones antes de que finalice julio de 2024.
La empresa también ha presentado resultados anuales este jueves. En 2023 obtuvo un beneficio neto de 3.168 millones de euros en 2023, lo que representa una caída del 25,5% con respecto a los 4.251 millones de euros ganados en el ejercicio anterior, informó la compañía.
El beneficio neto ajustado del grupo ascendió a 5.011 millones de euros, con un descenso del 26% con respecto a los 6.774 millones de euros de 2022. Sin embargo, el flujo de caja de las operaciones durante el año 2023 del grupo ascendió a 7.064 millones de euros, 1.859 millones de euros inferior respecto al de 2022.
Repsol al cierre del año se situó en 2.096 millones de euros en lo que respecta a la deuda neta, una cifra 160 millones de euros inferior a la del cierre de 2022. Mientras, el ratio de apalancamiento de la compañía a finales de 2023 se situó en 6,7%, frente al 8,0% al cierre de 2022.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, señaló que 2023 fue «un año extraordinario», en el que el grupo alcanzó esos 7.064 millones de euros de flujo de caja de las operaciones, «la segunda mayor cifra en nuestra historia en medio de un entorno incierto y volátil».
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