OHL anuncia una «exhaustiva investigación interna» tras sus casos de presunta corrupción

Y eso que las investigaciones que se siguen en la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades cometidas años atrás por varias administraciones públicas gobernadas por el PP han salpicado de lleno a la empresa, hasta el punto de que su propio fundador, Juan Miguel Villar Mir, figura entre los investigados junto a su yerno y consejero del grupo, Javier López Madrid. Ambos están bajo sospecha por la adjudicación supuestamente irregular de las obras del tren de cercanías a la localidad madrileña de Navalcarnero, un proyecto que resultó finalmente fallido pero donde se indaga si pudieron pagar una comisión de 1,4 millones de euros al propio expresidente regional Ignacio González.

En la junta general no se habló de este ni de otros casos donde aparecen implicadas personas que han estado vinculadas a OHL, aunque su actual presidente, Juan Miguel Villar-Mir de Fuentes -hijo del fundador- sí anunció la apertura de una «exhaustiva investigación interna» para determinar si empleados actuales o antiguos, con independencia de su cargo, pudieron incurrir en «malas prácticas». En concreto, con el fin de conocer si han podido estar relacionados con presuntos pagos de comisiones por adjudicaciones de obras públicas entre 2009 y 2014.

En la Audiencia Nacional consideran que sí, al menos varios que ya figuran penalmente como investigados por orden de los magistrados José de la Mata y Manuel García-Castellón dentro de las operaciones denominadas 'Púnica' y 'Lezo', o en algunas de sus piezas separadas. Precisamente en relación a una de éstas está citado este jueves a declarar Paulino Hernández, quien fuera director de Obra Civil de la constructora. La Guardia Civil descubrió en un registro en su domicilio un DVD con 21 archivos de audio con conversaciones de 2006 a 2009 entre él y otros cargos del grupo.

Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, esas conversaciones revelarían de manera «indiciaria la existencia de una práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del grupo OHL para la adjudicación de determinadas obras públicas en todo el territorio nacional». Y según sus cálculos, el importe total de esos supuestos sobornos se elevaría a 38,6 millones de euros, que habrían ido a parar presuntamente a los bolsillos de altos cargos de distintos organismos públicos en Madrid, Andalucía, Canarias y Melilla.

Pero los responsables actuales de OHL dijeron este martes ante sus accionistas desconocer tales extremos. «Estamos colaborando con la justicia, aunque no tenemos certeza de lo que está investigando», señaló Fernández Gallar, quien en cualquier caso reveló que tras las primeras pesquisas internas -la investigación anunciada por el presidente, un informe 'forensic', se encargo hace un mes al bufete Baker & Mackenzie- «no ha aparecido nada por el momento». Por eso insistió en que «está compañía está, ha estado y seguirá estando firmemente comprometida con las buenas prácticas de gobierno corporativo».

Sin embargo, sí son conscientes de que tienen a varios ex responsables bajo investigación judicial. Por eso, el propio Villar-Mir hijo afirmó que «no pretendo eludir asuntos que la actualidad informativa está reiteradamente llevando a titulares», aunque apostilló que «en mi modesta opinión la mayor parte de las veces están poco matizados y con datos incompletos». Por eso mostró su confianza en que las indagaciones internas respalden que sus modelos de prevención «han funcionado», al tiempo que anunció que «se ha activado una cultura de gestión de contratos bajo los más estrictos controles de todo tipo de riesgos».

A los socios minoritarios de OHL, no obstante, les preocupa más el «'tsunami' financiero» al que, a su juicio, ha llevado el Grupo Villar Mir a la constructora en los últimos años, y de la que sigue siendo el principal accionista con el 33,3% del capital social. «Han dejado la compañía en el inframundo bursátil», insistieron en su queja al final de la junta, tras calificar su gestión de «auténtico desastre» y, en términos deportivos, merecedora de «tarjeta roja».

La situación económica de la compañía, de hecho, no parece que vaya a cambiar mucho en un año que ha sido calificado de «transición», aunque en el primer trimestre se atisbó cierta esperanza tras reducir sus pérdidas a 7,7 millones desde los casi 145 millones de hace un año. Además, se mantiene la previsión de que en 2019 tendrán su primer resultado bruto (ebitda) anual positivo (con más de 45 millones) desde 2015.