Los taxistas presentan una demanda multimillonaria contra Uber y Cabify

«El Gobierno madrileño no va a aceptar nada que suponga la desaparición de los VTC en la Comunidad de Madrid porque es positivo para la competencia y porque es un servicio que demandan los ciudadanos», subrayó el presidente regional. El Ejecutivo autonómico considera que el último texto de los taxistas es, en realidad, una «trampa», ya que si regulara el consistorio de Carmena los taxistas igualmente iban a conseguir la «exterminación» de los VTC, ya que saben que el Ayuntamiento impondría unas trabas a Uber y Cabify parecidas, «sino idénticas», a las de la Generalitat.

Garrido echó un jarro de agua fría a los taxistas cuando estos todavía estaban desgranando en rueda de prensa la propuesta con la que pretenden desencallar el conflicto. Los huelguistas insisten en que debe haber un tiempo mínimo de precontratación de servicios como Uber y Cabify, pero, a diferencia de anteriores propuestas en las que se apuntaba a una hora, el sector ahora no precisa ese tiempo para, dicen, intentar acercar posturas con el Gobierno de Ángel Garrido. Quieren que la Administración regional deje en manos del Ayuntamiento la potestad para fijar ese lapso. El Gobierno autonómico solo está, hasta el momento, dispuesto a fijar una precontración espacial, esto es que los VTC no puedan responder a las llamadas de los clientes que se encuentren demasiado cerca (entre 300 y 500 metros).

El taxi tampoco renuncia a otra de sus exigencias clave, la de que los VTC solo puedan ser contratados para realizar una distancia mínima de carrera. En el nuevo texto no se fija el número exacto de kilómetros, a diferencia de la última propuesta en la que se apuntaba que la mínima debía de ser al menos cinco kilómetros.

El resto de la propuesta no cambia: los taxistas exigen que los vehículos con conductor no puedan deambular por las calles en busca de clientes, que después de cada servicio estén obligados a retornar a sus bases o que no tengan la posibilidad de tener aparcamientos en superficie, además de perder la geolocalización.

La respuesta del gremio al nuevo varapalo desde la Comunidad vino en los tribunales. Más de 700 taxistas de todo el país, vinculados a la Plataforma Integral del Taxi, presentaron este viernes una demanda civil millonaria contra varias plataformas y empresas del sector de los vehículos de alquiler con conductor por competencia desleal y preparan otras contra personas jurídicas por blanqueo de capitales, estafa o manipulación del precio de las cosas mediante engaño.

Las empresas demandadas son Cabify, Uber, Ares Capital, Cibeles Comfort Car y Gesstaxi Gestión, todas domiciliadas en Madrid.