Merlin y Colonial amagan con irse de España si se aprueba la subida de impuestos acordada entre PSOE y Sumar

Colonial considera que el cambio fiscal sería «muy grave» y que, en caso de aprobarse, se replanteará su estrategia y la ubicación de sus actividades y de su estructura jurídica. A juicio de esta socimi, si esta medida se materializa convertirá a España en «territorio prohibido» para la inversión internacional. El presidente de Colonial, Juan José Brugera, subraya que el negocio de la compañía esta diversificado geográficamente, con una relevante presencia en París, lo que le dota de fortaleza ante escenarios de cambios normativos.

Desde Merlin aseguran que la sociedad está estudiando distintos escenarios y planes de contingencia «sin excluir ninguna posibilidad legal a su alcance», en defensa de sus «accionistas, clientes y empleados», según el comunicado remitido a la CNMV. Dentro de esa evaluación, Merlin calculará, a corto plazo, el impacto efectivo en el 'cash flow' de dicha propuesta fiscal, que, en todo caso, prevé que sea «limitado». A medio y largo plazo, Merlin centrará su evaluación en determinar las medidas a adoptar para salvaguardar el interés de los accionistas, clientes y empleados, sin excluir acciones legales. Para esta corporación, las modificaciones fiscales introducidas en el acuerdo PSOE-Sumar «suponen, en la práctica, la supresión del régimen de las socimi».

Tanto Merlin como Colonial sufrieron un duro golpe ayer en Bolsa al conocerse el acuerdo entre los socios del Gobierno. Merlin cayó el martes un 7,3% y la cotización de Colonial bajó un 5,03%. No obstante, esta mañana, ambas compañías registraban subidas.

Merlin defiende que existe una «clara» justificación económica para las socimi, «basada en introducir en el mercado estructuras empresariales activas, con medios y personal directamente afectos a la actividad (por contraposición a los fondos), que se ocupan de promover, construir, adquirir y operar infraestructuras necesarias para los diferentes sectores económicos (oficinas, centros comerciales, logística, centros de datos, hoteles, parkings o torres de telefonía)». Todo ello, añade, «con liquidez diaria y como forma de ahorro popular para los particulares e indispensable para el correcto funcionamiento de fondos de pensiones, fondos de inversión, mutuas, aseguradoras, family offices y fondos soberanos».

Merlin destaca que el régimen tributario actual de las socimi permite eliminar la doble imposición, al tiempo que «garantiza equilibradamente un determinado nivel de tributación efectiva, la distribución puntual de beneficios y la rentabilidad de ahorradores e inversores». Y critica que se utilice como argumento para subida fiscal una vinculación entre las socimi y la vivienda, ya sea por las subidas de precios o la restricción actual de oferta en España. «La realidad es que ni Merlin ni ninguna de las otras tres socimi que actualmente cotizan en el Mercado Continuo operan en vivienda, como tampoco lo hacen multitud de REITs internacionales con los que competimos», señala en su comunicado a la CNMV. En este sentido, remarca que la legislación actual sobre el régimen socimi «ni siquiera se menciona la palabra vivienda» en el articulado, por lo que «parece claro que el legislador no quiso vincular este régimen especial con el mercado residencial», afirma la compañía.

Las socimi se dedican a comprar activos inmobiliarios, como pisos, oficinas o centros comerciales para alquilar sus espacios a inquilinos, empresas o tiendas a cambio de una renta, sin que paguen impuestos sobre los beneficios que reparten a sus accionistas. El régimen de socimis está supeditado a que estas empresas distribuyan a sus accionistas, como mínimo, el 80% de los beneficios, tener en cartera todas sus adquisiciones un mínimo de tres años, cotizar en Bolsa, contar con un capital flotante del 25% y distribuir un mínimo del 50% de los beneficios generados por la transmisión de inmuebles o participaciones.

Las socimi se crearon bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria para impulsar el sector y favorecer la liquidez en las inversiones, pero fue con Mariano Rajoy como presidente cuando se les dotó del régimen fiscal especial para atraer a inversores extranjeros.

A cierre del ejercicio de 2023, había 116 socimis cotizando en España, lo que posiciona a España como el principal mercado de Europa en número de socimis, con una capitalización bursátil de 24.000 millones de euros.