Marsans, Spanair, Monarch... Los usuarios, resignados ante las quiebras turísticas

A mediados de 2010, el grupo Marsans presentó su solicitud de concurso de acreedores para todas las empresas que entonces formaban parte del englomerado cuya cabeza visible fue durante años Gerardo Díaz Ferrán. La liquidación de la compañía, que por entonces contaba con algo más de 2.000 trabajadores, llegó apenas medio año después de que una de sus grandes aerolíneas, Air Comet, suspendiera sus vuelos en plena operación salida de la Navidad de 2009. El mismo día 21 de diciembre de ese año, el Ministerio de Fomento le retiró su licencia de vuelo ante lo que consideraba como «situación de insolvencia». La decisión, con todas las operaciones paralizadas, afectó directamente a 24.000 pasajeros, esto es, unos 45.000 trayectos que se dejaron de realizar. La consecución de reclamaciones les llevaría meses antes que consiguieran alguna indemnización de una empresa que, poco después, quebró.

La debilidad de Marsans ya venía de lejos, cuando Argentina expropió Aerolíneas Argentinas en el verano de 2008. El conglomerado de empresas turísticas había vivido su etapa dorada hasta ese ejercicio al acumular decenas de sociedades turísticas y protagonizar operaciones como la venta de su naviera Pullmantur a Royal Caribbean por 430 millones de euros más su deuda en el año 2006. Su presidente, Díaz Ferrán, se encuentra en prisión, condenado, entre otras causas, por el vaciamiento patrimonial de Marsans y fraude a la Hacienda española.

El inicio de la crisis de Spanair llegó un 20 de agosto de 2008. Ese día, un avión de la compañía que iba a cubrir el trayecto Madrid-Las Palmas se estrelló nada más despegar en Barajas después de un cúmulo de actuaciones erróneas que derivaron en una tragedia que acabó con la vida de XXX personas. Desde entonces y hasta su cese de actividad, en enero de 2012, el hundimiento de la compañía fue progresando hasta liquidar su negocio.

Tras el accidente, la Generalitat de Cataluña intentó sostener a la compañía con dinero público, por los importantes intereses que tenía en esa comunidad autónoma, respaldados por una parte del empresariado catalán. Sin embargo, el aterrizaje de todo tipo de compañías de bajo coste en Barcelona, unido a las consecuencias de una gestión que se tornó en perversa, acabaron por anular su actividad.

El último fin de semana de enero de hace siete años, Spanair decidió dejar de operar «por seguridad». Lo hacía porque, como se supo poco después, casi no tenía dinero ni para pagar el combustible de sus aviones o las tasas aeroportuarias. La decisión volvió a dejar a más de 20.000 pasajeros deambulando por los aeropuertos de España y parte del extranjero buscando soluciones que ningún responsable de la firma les dio en aquel momento.

El caso más reciente ha sido el protagonizado por otro grupo británico, Monarch, en octubre de 2017, cuando dejó en tierra a 110.000 pasajeros y anuló 300.000 paquetes vacaciones reservados a la compañía. Lo hizo en plena madrugada después de que la Autoridad Civil Aérea (CAA, en inglés) revocara su licencia la noche anterior. Era la quinta compañía turística más importante de Reino Unido. Ya entonces el Gobierno hablaba de tener que repatriar al mayor número de ciudadanos británicos en tiempos de paz, tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora, con el caso de Thomas Cook encima de la mesa, se batirá un nuevo récord de repatriaciones.