La justicia suspende la fusión de la italiana Mediaset con su filial española

os representantes de Vivendi, que habrá de abonar una fianza de 19 millones de euros para que se produzca la paralización de dicha integración empresarial, logran así una primera victoria, reforzada porque el magistrado Andrés Sánchez Magro estima, de forma «indiciaria», que sus argumentos para recurrir son ciertos. En concreto, afirma en su resolución que los estatutos de la nueva sociedad que depararía la controvertida fusión buscan esencialmente «blindar el poder de Fininvest en el Grupo Mediaset y, sobre todo, debilitar y mermar los derechos de Vivendi, que quedará diluida en el plano de los derechos políticos y sin posibilidad alguna de ejercer unos elementales derechos como accionista».

Fininvest es el 'holding' que integra las diferentes participaciones empresariales en varios sectores de la familia Berlusconi, y en el caso de la matriz de Mediaset es su principal accionista con el 44,2% de los títulos. Su argumento en la vista judicial previa fue que aún no se habían «lesionado los derechos e intereses» de su teórico socio francés, y que en caso de que así ocurriera «ya se acudirá a los juzgados competentes en los Países Bajos», dado que por motivos fiscales la nueva sociedad (MediaForEurope, MFE por sus siglas) que controlaría Mediaset estaría residenciada en Holanda. Pero el magistrado estima que «existe una elevada probabilidad de que los derechos de Vivendi vayan a ser vulnerados -Fininvest tendría el 35% de MFE, pero algo más del 50% de los derechos de voto- y esta valoración es compatible con la doctrina de la lesión potencial del interés social».

Con ese razonamiento, y hasta que resuelva el fondo de la impugnación formulada por la compañía francesa contra los acuerdos de aquella junta extraordinaria, el juzgado paraliza toda la operación 'sine die' al estimar que Mediaset España (de la que Vivendi también controla el 1%) «podrá desarrollar su actividad normal como hasta ahora» sin que la suspensión «vaya a generar trastornos operativos reales». Eso sí, el magistrado admite que sí supone un «contratiempo notable, no tanto para los inversores, sino para la credibilidad en el mercado del consejo de administración de la sociedad demandada y sus gestores»; de ahí que haya exigido a Vivendi -a la que no considera un competidor directo de Mediaset porque solo opera en la televisión de pago, no en abierto- la fianza referida de 19 millones para cubrir posibles daños y perjuicios en el caso de que al final del proceso judicial sí se diera el visto bueno al proyecto de fusión.

Tras conocer la resolución judicial, Mediaset anunció que la recurrirá «de forma inmediata» ante la Audiencia Provincial de Madrid, al discrepar «profundamente» de su contenido porque estima que el proceso de integración ahora suspendido es «razonable en términos jurídicos, económicos y empresariales». Sin embargo, el magistrado estima que «las economías de escala invocadas» por sus abogados en las alegaciones «son muy dudosas e inexistentes», e incluso «no se entiende por qué (la nueva sociedad) produciría más y mejor simplemente por el hecho de una fusión».